¿Qué son los Derechos Humanos?

“Los Derechos Humanos son prerrogativas que de acuerdo al derecho internacional, tiene la persona frente al Estado para impedir que éste interfiera en el ejercicio de ciertos derechos fundamentales, o para obtener del Estado la satisfacción de ciertas necesidades básicas y que son inherentes a todo ser humano por el mero hecho de ser humano.”
“Los Derechos Humanos son un conjunto de principios, de aceptación universal, reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados a asegurar al ser humano su dignidad como persona, en su dimensión individual y social, material y espiritual.”

El origen de los Derechos Humanos*

Antecedentes históricos

Varios autores coinciden en afirmar que los orígenes de los derechos humanos se remontan a la Grecia antigua y surgieron con el derecho natural de los hombres. El ejemplo clásico, tomado de la literatura griega, es el de Antígona. Según Sófocles, cuando Creón le reprocha haber dado entierro a su hermano pese estarle prohibido, ella replica que ha actuado según las leyes no escritas e inmutables de los cielos.
Otro lejano antecedente se encuentra en un texto de escritura cuneiforme titulado Espejo para Príncipes y atribuido a Kaos Ibn Iskanda, príncipe de Gurgan (India) que vivió alrededor del año 1082 a. de J. C. Se trata del respeto a ciertos derechos de los súbditos como parte de los deberes del gobernante para con su pueblo. La ceremonia de coronación incluía una promesa pública del soberano ante sus súbditos:
Entre el día en que nací y la noche en que me muera, que se me prive de mi cielo, de mi vida y de mi progenie, si os oprimo a vosotros.
Pero acaso la primera manifestación explícita de los derechos humanos y de su reconocimiento público es el antiguo texto legal hindú conocido como Código de Manú o Código de las diez libertades humanas esenciales y controles o virtudes necesarias para la vida buena.

El Cristianismo

No obstante, fue el Cristianismo el que sentó las bases para el reconocimiento de la igualdad radical de todos los seres humanos, por ser todos hijos de Dios. Pero la misma Iglesia tardó mucho en adoptar enteramente la doctrina de los derechos humanos que se desprendía del cristianismo. La Edad Media, por ejemplo, no fue una época favorable a la idea de esos derechos humanos ni a su observancia. Plenamente sometida a la influencia de la filosofía aristotélica, la del derecho medieval (elemento característico de la cual era, entre otros, el reconocimiento por parte de santo Tomás de Aquino -como antes lo fuera de Aristóteles- de la esclavitud) no reconocía las cualidades humanas que no comprendía y, por ende, no buscaba situar la personalidad humana en el centro de las preocupaciones del derecho y de la vida social.

La Carta Magna

Respecto de la sociedad civil de Occidente fue en Inglaterra donde, por primera vez, se establecieron limitaciones jurídicas al ejercicio del poder, tendientes a preservar los derechos humanos de los ciudadanos. La Carta Magna (1215), por la cual el rey Juan I de Inglaterra se obligó a respetar las “leyes viejas” y garantizó por escrito los privilegios de los barones feudales, incluía al mismo tiempo el reconocimiento de ciertos derechos humanos fundamentales de todos los habitantes del reino: el derecho a la vida; la necesidad de juicio de sus iguales previo al arresto o condena de cualquier noble, seglar o eclesiástico, etc. Por su parte, el Habeas Corpus votado en 1679, el Bill of Rights -que en 1689 sentó las bases del nuevo sistema de gobierno británico- y los Dos tratados del gobierno civil (1690) -que legitimaron la revolución que acababa de poner fin al absolutismo de los Estuardo- son textos precursores de la actual legislación sobre derechos humanos.

Reconocimiento de los derechos del ciudadano

La Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776) contiene un breve párrafo en el que, por primera vez, un poder, en este caso constituyente, asume las obligaciones que supone el reconocimiento de los derechos del ciudadano:
Consideramos como verdades evidentes que todos los hombres han sido creados iguales, que han sido dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.

Declaración de los Derechos Fundamentales del Hombre y del Ciudadano

Pero el gran punto de partida de la proclamación, defensa y vigencia de los derechos humanos es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, promulgada por la Asamblea Francesa el 26 de agosto de 1789. En ella se reconocía solemnemente que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en sus derechos.
Dos siglos después de esas primeras Declaraciones, los derechos individuales se vuelven materia de otras convenciones y cuerpos legales que constituyen, hoy por hoy, un sistema jurídico general y universal de protección de los seres humanos en sus derechos básicos.

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Convención de la Haya

En 1907, la Convención de la Haya regula las normas que deben observar los beligerantes: estos no deben tener alternativas ilimitadas en el modo de infligir daño al enemigo pues se deben preservar la vida, la dignidad y la salud de las víctimas, derechos estos que están por encima del manejo de la guerra.

Declaración Universal de los Derechos del Hombre

Como se expuso precedentemente, el origen más cercano del concepto “derechos humanos” se encuentra en la “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano” de la Revolución Francesa, y en las condiciones sociales y económicas que la acompañaron. El desarrollo económico y político de los siglos XV y XVI requería de un soporte filosófico fundado en las ideas de libre propiedad y libertad de empresa, por una parte, y de igualdad ante la ley, libertad e igualdad políticas por otra. En este orden de ideas, los derechos individuales representan el punto de partida de los derechos del hombre.
No obstante, a partir de la Segunda Guerra Mundial, y luego del horror nazi, las Declaraciones de Derechos se convierten en exposiciones programáticas suscritas por la mayoría de países del mundo. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, encontró el respaldo institucional de los Estados del Consejo de Europa, que en 1950 suscribieron la Convención Europea para la salvaguarda de los derechos del hombre y las libertades fundamentales. En tiempos más próximos, las Declaraciones han servido para canalizar todo tipo de reivindicaciones -derechos de la mujer, del niño, de los jóvenes, de los pueblos indios, etc.- sin conseguir, en la mayoría de casos, el necesario apoyo estatal.
Hoy, los derechos individuales, aunque ignorados en demasiadas ocasiones, ocupan, en cambio, más espacio que nunca en las Constituciones y leyes de todos nuestros países y cuanto menores son las expectativas más se acrecienta la esperanza de que sus postulados se realicen.

¿Qué hacer ante una violación de los derechos humanos?

Cuando tengamos conocimiento de una violación de los derechos humanos o cuando nosotros mismos seamos objeto de ella, tenemos a nuestro alcance una serie de estrategias para defendernos:

1. Denunciar

Para hacer una denuncia debemos informarnos de lo que sucede, sin exagerar, sin colocar informaciones que no nos constan, sin añadir ni quitar a los hechos; así la denuncia merecerá crédito y será respetada. La denuncia debe ser presentada:

Ante los organismos oficiales competentes

A nivel Regional y local:

Juzgados de turno que correspondan al caso denunciado, Fiscalía de turno, Organismo policial o público.

Ante Organizaciones No-gubernamentales

Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, asociaciones de vecinos, sindicatos, gremios profesionales, organizaciones estudiantiles, campesinas, religiosas y organismos de derechos humanos.

2. Informar a la opinión pública

No basta denunciar los hechos ante las autoridades, es conveniente darlos a conocer ante la opinión pública por los medios que tengamos a nuestro alcance: periódicos, radio, televisión, boletines, volantes, etc.

3. Reflexionar la situación con la comunidad

Es conveniente reunir a los vecinos, compañeros de trabajo o de estudio para dialogar sobre la situación que se está viviendo, analizarla y buscar colectivamente alternativas para enfrentarla.

4. Organizar movilizaciones pacíficas de presión

Cuando todo lo anterior no es suficiente tenemos el derecho de organizar acciones pacíficas de presión que obliguen a solucionar el problema, que pueden ir desde marchas, plantones en sitios claves, colocación de pancartas o carteles, tomas de establecimientos, etc.; estas estrategias deben adecuarse a la situación que se esté viviendo, tratando de que involucre a la mayor cantidad de afectados o personas solidarias.

¿Por qué la “Teoría de los dos demonios” no sirve para explicar las décadas del “60 y “70?

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lopezA fines de la década del “50, unos generales franceses se instalaban en una oficina en la sede de la Escuela de Guerra de Campo de Mayo. No venían allí a poner un quiosco para refrescar a las tropas argentinas. Venían para algo mucho más siniestro.

Los países centrales habían determinado que la Argentina debía dejar de tener trabajadores tan combativos, la clase obrera mas organizada, el menor índice de analfabetismo de toda América Latina, pleno empleo y salud gratuita; y para ello le habían asignado un nuevo rol en la “división internacional del trabajo” el de agro -exportador primario.

A la luz de lo que sucede hoy en Irak, ¿alguien puede tener dudas de que esto es así?

Los países centrales necesitaban petróleo y simplemente fueron por él, no importa si después no encontraban a alguien de Al Qaeda, que aunque más no sea anduviera haciendo turismo.

O armas de destrucción masiva (eso solo forma parte del marketing de la campaña por el petróleo) que hasta el mismo Colin Powel reconoció que no había en Irak ni en proyecto.

Es así que de tener una industria que era ejemplo en Latinoamérica pasamos al cierre de fábricas, la “Patria Financiera” ¿se acuerdan de la tablita?

Importantes sectores de la clase media corrieron a comprar dólares, como iba a suceder después en el gobierno que terminó de abrochar ese plan económico: allí corrimos a comprar licuadoras.

Pero hablábamos de los generales franceses. Ellos vinieron a enseñar cómo se evitaba que el pueblo resista el plan económico, y para descalificar a quienes lo resistieran inventaron el concepto de “subversión” tan exitoso en las selvas Indochinas y la colonia francesa de Argelia.

Dividieron imaginariamente al país en zonas y sub – zonas y aún antes que existiera MONTONEROS o el ERP! ya estaban preparados para enfrentar la resistencia de este maravilloso pueblo (cualquiera sea la forma en que se manifieste), a un plan que dejara a sus hijos sin futuro dejándonos: una deuda externa seis veces mayor, un salario devaluado, la pobreza y la miseria que aún hoy se sufre.

Es por eso que, si tomamos en cuenta los cálculos del marino arrepentido Scillingo, en la Argentina no había más de tres mil guerrilleros sumando todas las organizaciones, ¿cómo es posible entonces que las víctimas de la dictadura sumen 10 veces esa cifra si su razón de ser en teoría era la lucha contra “la subversión armada”? La explicación es muy simple: la demanda por mejores salarios, la lucha del campesinado por mejores condiciones de vida, la militancia de las comisiones vecinales por mejoras en su hábitat y aún la lucha por el boleto estudiantil por parte de un grupo de estudiantes secundarios eran serios escollos para esa radical transformación del país que finalmente impusieron.

Los estudiantes que no acaten el vaciamiento de las universidades, los trabajadores que no se resignen a perder sus fuentes de trabajo, los campesinos que pretendan organizarse en pos de sus necesidades básicas tenían que ser descalificados con alguna denominación peyorativa: tenían que llamarse subversivos.

No cabe pues seguir equiparando en términos políticos a la agresión imperialista materializada por los cipayos locales, asesorados por los servicios de inteligencias franceses y la CIA, con la resistencia a esta agresión.

Aún si en el marco de esa resistencia se cometieron delitos, ya que la dictadura eligió no juzgar, pese a tener en sus manos todos los estamentos del Estado no juzgó: se vengó (aquí sí, el odio y el revanchismo –términos muy familiarizado con ciertas homilías- cabe perfectamente) y aplicó tormentos y penas (la de muerte incluida), que exceden largamente lo que les hubiera correspondido por el delito mismo, y lo hizo sin derecho a defensa.

Hoy sabemos que los verdaderos subversivos, desde el punto de vista semántico del término, eran los que impulsaron el “Proceso de Reorganización Nacional”, ya que “subvirtieron el orden establecido” e impusieron un nuevo orden, basado claro está en la acumulación de las riquezas en pocas manos y al que no le gusta…garrote.

La desaparición de personas como método represivo que coadyuvaría a la aplicación de este plan económico, fue introducida en la Argentina por la escuela militar francesa desde esos últimos años de la década del ’50 también, transmitiendo las tácticas militares que habían utilizado y perfeccionado durante la guerra de independencia de Argelia, y partir de la década del ’60 se generalizó a través de la Escuela de las Américas donde se “formaron” muchos militares argentinos.

Las consecuencias ya todos las conocemos, 30000 desaparecidos que se dividen en:

 

Obreros……… 30,0%  como los de Tipoití o Astilleros o los empleados municipales.

Estudiantes…….21,0% como nuestros muchachos de la UNNE…como lo era Rómulo y tantos otros.

Empleados…17,8% como nuestros compañeros del CTA y la CGT

Profesionales…..10,7% como los médicos del Vidal que no aflojan, representados por Néstor que sigue la impronta del Cacho Ayala.

Docentes…..5,7% como los mas legítimos herederos del correntinazo del “99.

Conscriptos y personal subalterno de las Fuerzas de Seguridad…..2,5% como el soldado Arce, torturado mientras hacía la “colimba”.

Amas de casa………. 3,8% como las miles de compañeras desocupadas y aún las que trabajan y son víctimas del machismo

Autónomos y varios….. 5,0% como los técnicos, los mecánicos

Periodistas……1,6% como Rodolfo Walsh y sus émulos locales, que los hay…no tengan dudas.

Actores y artistas…… 1,3% como los jóvenes correntinos que crearon esa maravillosa Obra de teatro llamada “En Proceso”

Religiosos….0,3% como Monseñor Devoto y quienes recientemente se pronunciaron a favor de la Verdad y la Justicia.

 

Y hoy estamos en condiciones de impartir esa justicia, con todas las garantías del debido proceso, al menos con los centuriones del poder, la manu militare de ese plan económico, el 5 de febrero de 2008 se inicia un camino histórico en Corrientes, y sabemos que la comunidad va a estar allí… expectante.

Tendremos que exigir rendiciones de cuentas después a los civiles, los embajadores de la dictadura, los que hicieron de Intendentes, Ministros de Economía, los que estatizaron la enorme deuda privada y los que se beneficiaron con esa estatización. Pero seguramente eso será otra historia, no es lo mismo juzgar al Centurión que al Emperador.

 

Diego Cazorla Artieda

Militante de DDHH

Propaganda de la Dictadura Militar

Pero en Corrientes no nos quedábamos atrás, además de los editoriales del Diario “El Litoral” y las caricaturas estaba en su competidor, el Diario “Época”, la columna de Pamperito. Oscura, sin inteligencia siquiera, y la profunda influencia de la “doctrina francesa” que concibió la teoría del enemigo interno a partir de las experiencias colonialistas de Francia en Argelia e Indochina, pero que con seguridad no iba a hallar críticos en medio del terror genocida:

Nuestra historia

A fines del año 1981 y principios de 1982 se conforman dos organismos de defensa de los derechos del hombre, que a pesar de reconocer orígenes distintos en cuanto a sus integrantes, habrían de tener un accionar conjunto y una visión muy similar en cuanto a el cómo encarar sus actividades. Uno de éstos organismos era la “Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas” conformada mayoritariamente por padres y madres de desaparecidos de capital e interior de la Provincia, unidos por un mismo dolor y similar derrotero en procura de hallar a sus familiares, recorriendo incontables despachos judiciales, militares, policiales y eclesiásticos. El otro organismo era la “Comisión Provincial de Derechos Humanos”, conformada en un principio por militantes políticos, gremiales y sociales de extracción diversa . La dinámica de los acontecimientos determinó que en la práctica ambos organismos funcionaran de manera unificada bajo el nombre de este último.-

               ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Las principales actividades desarrolladas por la Comisión Provincial de Derechos Humanos deben describirse necesariamente por períodos y debidamente contextualizadas en el momento histórico que se desarrollaron, es por eso que hemos separado ésta reseña en tres períodos principales: la dictadura, la democracia desde sus inicios hasta el indulto a los genocidas y un tercer período que podríamos denominarlo la refundación de la C.P.D.H.

LA DICTADURA

 En ésta etapa las actividades giraban en torno a la búsqueda del desaparecido, presentación de hábeas corpus, y la incesante demanda de aparición con vida . Es en dictadura donde la actividad de los Organismos de Derechos Humanos de todo el país resultaba particularmente irritante para el poder y se han dado numerosos casos de desaparición de militantes y familiares .

DEMOCRACIA (PERÍODO INICIAL) 

Aquí se incorpora el reclamo de Juicio y Castigo a los responsables de la represión y la demanda de libertad a todos los presos políticos que permanecían en las cárceles, además de un decidido acompañamiento de las actividades de la CONADEP, acercando a ésta los casos locales. Se asiste y asesora a los familiares de las víctimas de la dictadura, acompañando y realizando el necesario seguimiento de las causas judiciales, la mayoría de las cuales finalmente caerían con la ley de Obediencia Debida. Esta época se caracteriza por la lucha contra la impunidad de los genocidas y el reclamo de desmantelamiento del aparato represivo con el objeto de evitar hechos futuros de violaciones a los elementales derechos a la vida y a la seguridad personal de todos los ciudadanos, además de una férrea oposición a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y al Indulto, instrumentos creados para garantizar la impunidad de los responsables de crímenes atroces durante la Dictadura.

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Con el objetivo de favorecer el esclarecimiento de éstos hechos en el seno de la comunidad en general, se realizaron numerosas campañas de difusión consistentes en difusión de vídeos en escuelas, facultades, sindicatos etc. Se realizaron además charlas- debates, festivales, marchas y petitorios. En sede de la Facultad de Derecho se colocó una placa que permanece aún hoy con el nombre de los desaparecidos estudiantes y egresados de ésa casa de estudios . El Indulto decretado por el Presidente de la Nación, Dr. Carlos Menem cerraba un ciclo de impunidad que se había iniciado en el anterior gobierno con la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y marcaba la disolución de la Comisión Provincial de Derechos Humanos como tal, ya que no pudo sobreponerse a ésta situación. Posteriormente surgió el “Foro Multisectorial por la Justicia”, organismo que ocupó el espacio de la defensa de los Derechos Humanos y contribuyó a enriquecer la visión que se tenía en aquel momento del rol de las instituciones humanitarias, incorporando a los reclamos tradicionales el problema de la violencia policial e institucional en democracia. El Foro estaba conformado por el SERPAJ y sectores gremiales y sociales varios.

LA REFUNDACIÓN DE LA C.P.D.H. 

En el año 1998 ante la crisis económica y social de la provincia, surge la necesidad de refundar la C.P.D.H. que incorpora además de lo aportado conceptualmente por el Foro Multisectorial por la Justicia, la idea del “desaparecido social”, un nuevo sujeto que surge como producto de la exclusión de importantes sectores de la población de los beneficios del modelo, recluyéndolos en escalas marginales del “nuevo orden económico”. Estos sectores van desde los desocupados, jubilados, sub-ocupados , y en fin , todos aquellos sectores a quienes se les ha conculcado sus más elementales derechos. ACTIVIDADES PRINCIPALES L a primer actividad de éste período fue la colocación de una placa en la tumba de Ester Galarza de Artieda, madre de un desaparecido (Rómulo Gregorio Artieda) y que fuera en vida un verdadero ejemplo de lucha reconocido por todos quienes la conocíamos. En casa de Ester se realizaron la mayoría de las reuniones de la C.P.D.H. lo que constituyó su domicilio en la referencia obligada de quienes se comunicaban con la Comisión. También se iniciaron una serie de charlas en sindicatos y facultades con temas diversos y se realizó el “Festival por la Memoria” el 24 de Marzo de 1999 rememorando el inicio de la Dictadura Militar. La C.P.D.H. tuvo una participación activa en la constitución de “La Plaza de la Dignidad” (instalando una carpa propia: la número 9) y todo el fascinante proceso social que vivió el pueblo correntino en el año 1999, en el entendimiento de que éste proceso no era otra cosa que el grito de un pueblo en demanda de la satisfacción de sus derechos humanos esenciales. En el año 1999 Corrientes vivió intensas y extensas jornadas de lucha que sorprendieron a propios y extraños, tanto por la gran participación popular, como por las formas indudablemente creativas de lucha que se han dado en ese período. El orgulloso pacifismo, los constantes apelativos a la religiosidad y la infinita paciencia de su gente, sumado a una profunda crisis económica han parido nuevas formas de protesta social que serían asumidas en el conjunto de la Argentina como parte de su rico anecdotario. Incluso ciertos apelativos, tales como “autoconvocados” fueron posteriormente reivindicados en distintos puntos del país para denominar a los sectores en lucha que se convocaban al margen de las estructuras partidarias y sindicales tradicionales. Meses de convivencia de sectores de la comunidad tan disímiles en sus orígenes y formación, han ampliado los marcos de tolerancia y enriquecido la visión de la vida no solo de aquellos que participaron activamente de éstos hechos, sino también de los que los “observaban” a través de los medios. Existe actualmente en el pueblo correntino la extendida opinión de que en éstas tierras, y a partir de éstos sucesos , ya nada será igual. En éste contexto se realizaron numerosas acciones entre las que se destacan las actividades plástico-recreativas vinculadas a los derechos de los niños y realizada en conjunto con las maestras jardineras auto convocadas y dirigida a los niños de cualquier edad. También merece una mención especial una obra de títeres realizada en común con los artistas autoconvocados donde se satirizaba el comportamiento autoritario y los favoritismos hacia los acólitos del poder que caracterizaban la coyuntura. Esta obra reflejaba claramente una profunda demanda de justicia que invadía la conciencia de quienes protagonizaron “el aguante”. A partir de el homicidio de un integrante de la Plaza de la Dignidad en calidad de pequeño productor (el joven Gustavo Gómez) hecho que inicialmente fue calificado de accidente, numerosos sectores tomaron conciencia de la consecuencia de la impunidad de los hechos de violencia policial e institucional ya que sospechaban que la carátula inicial no tenía otra intención que la de desvirtuar la realidad. Este hecho fue el desencadenante de una creciente indignación popular que habría de canalizarse en lo que se conoce como la “Marcha por la Justicia” que se realiza todos los días martes en reclamo del esclarecimiento de éste y otros hechos de crímenes impunes en los que existen sobrados motivos para sospechar la existencia de participación policial e institucional. La C.P.D.H. participa en éstas marchas desde su inicio además de realizar otras actividades conexas como la instalación de una carpa negra frente al Ministerio de Gobierno de la Provincia donde se exhibieron los casos de impunidad y se recepcionaron nuevas denuncias con el fin de actualizar la nómina de casos denunciados por la CORREPI (Coordinadora contra la represión Policial e Institucional) en todo el país a través de la incorporación de los casos locales y con el objetivo de presentar los casos al Ministerio del Interior, lo que se hizo con la participación activa de los familiares de las víctimas. En conjunto con la CORREPI , hemos realizado una denuncia penal contra quien resulte responsable de los sucesos del puente que consistieron en una feroz represión iniciada en la madrugada del 17 de Diciembre de 1999 por la Gendarmería Nacional y que dejara como saldo la muerte de Mauro Ojeda y Francisco Escobar y alrededor de treinta heridos de bala. Con el objeto de tener un “testimonio físico” de éstos hechos se colocaron dos cruces de quebracho en la intersección de la avenida 3 de Abril y Calle Chaco, lugar donde asesinaran a Mauro y Francisco. Los días 17 de cada mes la C.P.D.H. en coordinación con otros sectores realizaba una marcha desde la Plaza de la Dignidad hasta las cruces. La C.P.D.H. ha realizado tareas de difusión y denuncia respecto a los hechos de violencia institucional que se produjeron y producen en nuestra provincia a diversos organismos de derechos humanos nacionales (CO.RRE.PI., SERPAJ, APDH., Madres de Plaza de Mayo, Hijos, etc e internacionales (SERPAJ Europa, Amnesty Internacional, etc), propiciando la visita de estos organismos para tomar testimonio directo de las graves violaciones de derechos humanos que en nuestra provincia se registran.

Con el doble propósito de mantener activa la memoria acerca de los crímenes del puente, y juntar fondos para llevar adelante las causas se realizó el “Festival Solidario por la Memoria, la Justicia y la Dignidad” en el Anfiteatro Cocomarola de nuestra ciudad. Otras actividades con participación de la C.P.D.H. fueron las exposiciones de testimonios gráficos (fotos, recortes de periódicos, poesías etc,) en relación a los sucesos del puente. Charlas-debates en la Facultad de Derecho y establecimientos secundarios, relacionadas con los casos de violencia policial e institucional. Actualmente nos encontramos, junto a familiares de desaparecidos y ex-detenidos políticos impulsando la Causa Judicial conocida popularmente como “RI9″, pero que en realidad se caratula “Demarchi, Juan y otros por tormentos agravados por el tiempo, privación ilegítima de la libertad agravada por el tiempo y desaparición forzada”; Expte. N° 276/04.

SÍNTESIS DE LA CAUSA DEL RI9

Luego de la anulación por parte del Congreso de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes tomó la decisión de la reapertura de las causas iniciadas en el año 1984. Es así que en el mes de noviembre del año 2003 la familia de Vicente Víctor (Cacho) Ayala presentó la querella criminal por su desaparición, ocurrida el 16 de febrero de 1976, junto a otros tres compañeros, quienes son Julio Barosi, Jorge Saravia Acuña y Orlando Diego Romero, ante  el Juzgado Federal de Corrientes con el patrocinio de los abogados de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, Dres. Ramón C. Leguizamón y Diego J. Vigay. En esta causa se hallan involucrados personal policial comandados por Diego Ulibarrie.

En éste mismo sentido, el día 24 de Marzo de 2004, los familiares de Rómulo Gregorio Artieda,  presentaron también querella criminal por la desaparición del mismo, y en razón de que existen sobrados elementos probatorios de que Rómulo Gregorio Artieda fue visto con vida en el Ex- Regimiento de Infantería 9 “Coronel Pagola” de Corrientes (Ex –RI9), lugar que funcionaba como Centro Clandestino de Detención (CCD), ésta última presentación judicial se convirtió de hecho en una “megacausa”, ya que los diversos testimonios aportados por ex – detenidos liberados, no sólo permitió comprobar fehacientemente la calidad de CCD del Ex –RI9 sino que además esos testimonios abrieron la puerta para la incorporación en la causa de otros familiares de desaparecidos, también en calidad de querellantes, en virtud de que de dichas testimoniales se pudo comprobar el paso por ese CCD de otros compañeros, hoy desaparecidos, como Ramón Vargas y Fernando Piérola.

La Comisión de Derechos Humanos de Corrientes es actualmente parte querellante de ésta causa, acumulada en una sola, denominada “Demarchi, Juan y otros por tormentos agravados por el tiempo, privación ilegítima de la libertad agravada por el tiempo y desaparición forzada; Expte. N° 276/04 , en la que el Juez Federal Carlos Soto Dávila, en fecha 6 de octubre de 2004 dictó la orden de detención de 12 uniformados, 9 de ejército y 3 de Gendarmería Nacional.

De éstos doce uniformados quedan detenidos tan sólo algunos, ya que el General Cristino Nicolaides ya se encontraba cumpliendo arresto domiciliario, Aguiar está fallecido y el Oficial Carlson no está detenido,, por lo que hacen su presentación espontánea el día 12 de octubre, Juan Carlos Demarchi, los Coroneles en actividad Losito y Barreiro, el por entonces Sargento Cárdenas, Piris y los gendarmes Reinoso, Cruz y Zanek (estos dos últimos fueron excarcelados).

Luego de designar como abogado defensor al Defensor Oficial Dr. González Cabañas los integrantes del Ejército se negaron a declarar y solicitaron su excarcelación la que les fue denegada, los de Gendarmería son patrocinados por el Abogado de la Fuerza, el Dr. Ross y actuaron en sintonía con los anteriores, siéndoles concedidas la excarcelación a Cruz y Zanek y denegada al Comandante de Gendarmería Nacional Raúl Reynoso, en todos los casos la Resolución del Juez en los que denegó la excarcelación fue ratificada por  la Cámara de Apelaciones.

Posteriormente dos de los integrantes del Ejército, Juan Carlos Demarchi y Barreiro reemplazaron a el defensor oficial por un conocido abogado de nuestra ciudad, el Dr. Buompadre.

Actualmente la Causa Judicial se halla en una etapa decisiva, ya que se ha dado el cierre de instrucción y la elevación a juicio, constituyéndose así en una de las causas judiciales más avanzadas.

Desaparecidos de Corrientes, Capital

La siguiente es una lista de personas acerca de la cual a la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes su desaparición y/o muerte por parte del terrorismo de Estado en la capital de Corrientes, le consta. Entendemos que la lista real es mayor, ya que hay familias que, atemorizadas por la falta de garantías mínimas no denunciaron ni ante sede policial o judicial ni posteriormente ante éste Organismo. La síntesis acerca de la historia de vida de los desaparecidos fue escrita y/o narrada a miembros de nuestra Organización, por sus familiares y amigos.

1.- César Héctor “Titi” Álvarez. Abogado. Desaparecido 17 marzo 1977-Legajo de Conadep Nº 6775
31 años de edad, padre de tres hijos.Desaparecido en Capital Federal el 17 de Marzo de 1977, por su condición de abogado defensor de presos políticos.

2- Joaquín Vicente “Bocha” Arqueros. Estudiante de Derecho. Desaparecido 17/11/76- Legajo de Conadep Nº 3054. 28 años.
Militante de la Juventud Peronista , trabajador de la administración pública provincial y estudiante de derecho. Durante su primera detención estuvo alojado en la Jefatura de la Policía de Corrientes siendo liberado en Junio de 1975. Se traslada a Capital Federal donde desaparece el 1 de Noviembre de 1976. Padre de dos hijos ( su hija menor nació cuando el ya estaba desaparecido), fue un excelente hijo, muy buen estudiante, recibido con honores en la Escuela Primaria “Mariano Moreno”, también en el Colegio Gral. San Martín donde se recibió de Bachiller-.De firmes convicciones e ideas propias, siempre estuvo muy sensibilizado y preocupado por la realidad que lo circundaba.
Su madre, Hilda de Arqueros es uno de los miembros fundadores de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes.

3.- Rómulo Gregorio Artieda. Estudiante de Derecho. Desaparecido 14 mayo 1977. Legajo de Conadep Nº 6226.
Rómulo Gregorio Artieda, es el hijo menor de una familia tradicional de larga inserción en la vida política provincial local. La persecución de la dictadura a los jóvenes militantes se tradujo en detenciones, secuestros y desapariciones en Corrientes, lo que motivó a Rómulo a buscar amparo en familiares en la ciudad de Buenos Aires, ya que la ciudadanía padecía por ese entonces, un verdadero estado de carencia de las mínimas garantías individuales.
Lamentablemente las prevenciones propias y las de su familia se vieron confirmadas, ya que a poco de su llegada a Buenos Aires, fue detenido el 14 de Mayo de 1.977, a las 14 hs. en la estación de trenes de la localidad de Burzaco, en las vías del Ferrocarril Gral. Roca, por un operativo de Identificación realizado por el Ejercito y trasladado a Corrientes.
Su madre, Nidia Ester Galarza de Artieda es uno de los miembros fundadores de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes.
Rómulo fue visto por última vez los primeros días de julio del año de su detención, en el Centro Clandestino de Detención que funcionaba en el ex-Regimiento 9 de la capital correntina, y los testimonios de las últimas personas en verlo con vida constan en la “Causa RI9”, juicio que concluyó con la condena de sus captores.
Su cuerpo apareció flotando el 8 de julio en aguas del Paraná, acribillado a balazos, y enterrado como NN en el cementerio de Empedrado. Alrededor de 30 años después fue exhumado e identificado por el EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense) y la aparición de sus restos formó parte del material probatorio de la “Causa RI9”.
Hoy se encuentra una placa recordatoria en el ingreso al cementerio de Empedrado, su nombre es uno de los 14 que le dan identidad a las calles del barrio “José María Ponce”, y sus restos reposan en el cementerio “San Juan Bautista” de Corrientes, en una tumba-monumento construída a tal fin: el “Memorial al Desaparecido”. Diseñado para urnas que contengan los restos de Rómulo y todo otro desaparecido que pueda ser indubitablemente identificado como él.

4- Vicente -Cacho- Ayala. Abogado. Desaparecido en las inmediaciones del club San Martín. 16 febrero 1976- Legajo de Conadep Nº 385.
Su madre, Sra. De Ayala es uno de los miembros fundadores de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes.
Cacho nació en Corrientes el 1° de marzo de l946. Cursó su escuela primaria en el Colegio Salesiano y la terminó en el Colegio de los Capuchinos en Concordia (Entre Ríos). Terminó el secundario en el Colegio “Alejandro Carbó” de esa localidad entrerriana, donde figura con otros 7 desaparecidos en una hermosa placa que les dedicaron.
Decidió seguir la carrera de Derecho, para lo cual regresó a su tierra natal, objetivo que siempre había soñado.(1964). Su espíritu inquieto por lo social encontró estímulo en el Padre Raúl Marturet, a cargo por entonces del Pensionado Católico para estudiantes universitarios del interior. Poco a poco fue alternando su vida entre la prosecución de su carrera y la opción por los oprimidos. Por estos motivos, participó a comienzos de los 70 en una huelga de hambre en favor de los cinco sacerdotes del Tercer Mundo, comprometidos con su pueblo que fueron excomulgados por las autoridades de la Iglesia :Padres Raúl l Marturet, Belisario “Pucho” Tiscornia, Luis Niella, Gabino Casco y Babín.
Participó como estudiante universitario del “Ateneo”, tendencia de la Facultad de Derecho que agrupaba a militantes de la Democracia Cristiana y a algunos peronistas. Al mismo tiempo militaba en las villas y barrios marginales de Ctes. Con muchos de ellos compartió el trabajo en hornos de ladrillos, hecho en forma cooperativa. Pero no sólo el trabajo, compartía su vida como cristiano y creía que el compromiso tenía esas características, lo que se decía se afirmaba con hechos.
Simultáneamente se define por el Peronismo Revolucionario, impulsado por la línea de Jhon William Cooke, traída a Ctes. por su viuda Alicia Eguren. En ese sentido trabaja activamente, como Juventud Peronista, por el regreso del Gral. Perón. Así las cosas, su postura se radicaliza en una militancia activa por el cambio político hacia el Socialismo Nacional. Con la presencia de López Rega e Isabel en la Argentina , después del efectivo regreso de Perón, el peronismo de derecha hace estragos sobre el más radicalizado, acribillando a militantes peronistas de la Juventud. En esos días, a fines de 1974, durante el gobierno de Julio Romero, es detenido y llevado a la U 7 de Resistencia donde permanece privado de su libertad hasta abril de 1975. Aclaración: los detenidos estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, sin causa alguna. Después de ser liberado, se traslada a Posadas (Misiones) donde ejerce su profesión y continúa con su trabajo político, hasta que, habiendo Isabel Perón y Ruckauf preparado ya el camino del accionar militar y policial con entera libertad, es secuestrado el 16 de febrero de 1976 en un procedimiento policial (por cierto vinculado a órdenes militares) efectuado a la luz del día (alrededor de las 13) frente al Club San Martín de nuestra ciudad.
Nunca más se lo vio con vida ni se supo nada CONCRETO sobre él. Dejó a su esposa y un hijo de un año, además de padres y hermanos. Todos lo buscaron siempre.

5.-Mirta Blanco de Velásquez, madre de dos hijos, esposa de Alfredo Velásquez, desaparecida con posterioridad a la desaparición de su marido. No existen denuncias policiales sobre ésta desaparición, ya que al desaparecer el esposo se realizó la denuncia correspondiente y al poco tiempo desaparece ella, lo que ciertamente paralizó de terror a la familia. La denuncia fue efectuada ante ésta Comisión de Derechos Humanos de Corrientes y es uno de los casos que éste Organismo se propone intentar esclarecer.

  1. Marcón Carlos Rubén.estudiante de Derecho. Nació el 22 de septiembre de 1953. Desaparecido 1 junio 1980 – Legajo de Conadep Nº 3657.
    Su madre y su padre fueron miembros fundadores de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes. Estudió en el Colegio Salesiano y en la Escuela Misericordia en la primaria y en la Escuela “Manuel Belgrano”en la secundaria.
    Estudió Ciencias Económicas en el Chaco. Fue perseguido por la Dictadura , lo que lo obliga a exiliarse en España, regresa en 1980 y luego desaparece.

7- Carlos Alberto Meza Marengo. Estudiante de Derecho.Restituido su cuerpo a familiares en el año 2000.
Militante de la JUP en Derecho, excelente estudiante a tal punto que cursó libre el sexto grado para ingresar a los 17 años a la Facultad. Los Meza son libreros, primos de los dueños de una conocida Librería de nuestro medio.
Acaso su único obstáculo para recibirse en tiempo récord fue su militancia universitaria, la que abrazó con pasión. Pertenecía a una familia “de buen pasar” , pero Carlos siempre fue muy inquieto, militó en el Rotary primeramente, y ya en la Facultad , formó parte de una agrupación de tendencia cristiana llamada A.R.P. y luego en la JUP.
Simpático, buen tipo y muy buen mozo, como lo describe su ex -esposa Silvia fue un caso histórico el suyo, debido a que la Fiscalía del Juicio a las Juntas Militares basó su acusación en 54 casos testigos y el de Carlos era uno de ellos- dice Silvia.
El ya tenía antecedentes cuando cae detenido, había cometido el “terrible delito” de colocar el Busto de Perón a una Plazoleta frente al Tenis Club.

8.- Pedro Francisco Moresi. Desaparecido el matrimonio el 20 enero 1978.
Estudiante de Bioquímica, militante de la Juventud Peronista. Sensible, comprometido, padre amoroso de Adriana Lucía y Mariángeles.

9.- Carlos Enrique “Charli” Pérez Rueda, muerto en Misiones, poco después del copamiento de Formosa. Nació el 24 de enero de 1950, fue fundador de la JP y Juventudes Rurales. Fue estudiante de Ingeniería, casado con Beatriz, padre de Camila y Guadalupe.

10.- Yolanda Dolores Reguera Brítez. Estudiante de Derecho. “Suicidada” en la Punta San Sebastián el 2 de Junio 1976. Legajo de Conadep Nº 1322

11.- Soto Lila. Desaparecida en Rosario.
Mi madre, Lila (Isabel Soto alias Paula) nació en Corrientes Capital, el 9 de agosto de 1947. Era hija de Juana Antonia Parra y Benedicto Soto, mis abuelos maternos.
Aquí en la capital cursó la primaria en la escuela N° 808 (hoy 408). En 1964 ingresó a la secundaria, en el Liceo de Señoritas y en 1966 pasó a la Escuela Normal para obtener en 1969 el título de Maestra Normal Nacional.
Fiel a sus convicciones, trabajó como docente en los sitios más desfavorables, tanto en el interior de Corrientes como así también del Chaco.
A principios del 70 mi madre nada tenia que ver con la revolución, aún era joven y su mundo era muy pequeño. Hasta que un buen día su camino se cruzó con el de mi padre (Hector Cian Alias Guillermo), quien ya militaba en las ligas agrarias. A partir de allí ambos se potenciaron, crecieron intelectualmente y aprendieron que para cumplir con sus sueños deberían primero luchar por los deseos de un pueblo de hermanos. Su mundo creció, y ya no existían fronteras visibles. En esta misma provincia, encontrarían el significado de sus vidas integrando las filas del peronismo revolucionario, intensificando su militancia frente a las incoherencias sociales.
En el año ‘72 se casaron en la Iglesia Pompeya de esta capital, y yo (Daniel Cian) nací en noviembre del ‘74. Desde el momento en que se conocieron y se hicieron “Montoneros” se amaron, viajaron y lucharon por todos lados, también fueron a Cuba, aunque a esta parte de sus vidas no la conozco mucho. Lo cierto es que al regresar al país para poder sobrevivir a las persecuciones de la dictadura, debíamos vivir del alquiler, en lugares inhóspitos y lejos de nuestras familias, con nombres falsos, sin documentos y sólo con lo puesto. Mi padre nos mantenía con su escaso trabajo de fotógrafo. Gracias a él poseo gran cantidad de fotos de mi madre.
En la ciudad de Rosario, en algún momento de sus biografías, mi padre perderá la mano derecha en la acción, por lo que tendrá que usar una prótesis ortopédica. Por ello los compañeros lo apodaron cariñosamente “el manco”. A partir de allí sus vidas empezaron a acortarse. Ya instalada la dictadura, más precisamente el 10 de diciembre del ‘76 fueron cercados por la Federal en la calle Dorrego al 1500. Mis padres sabían que si se entregaban mansamente la tortura sería peor que la muerte. Así que sólo resistieron. Mi vieja, murió instantáneamente, llevándose consigo un embarazo de ocho meses, mi hermano. Mi viejo, por desgracia resistió un poco más y falleció en la comisaría, sólo Dios sabe como. Solo así pudieron poner límites a sus sueños. Y yo estaba allí, con solamente 2 o 3 años de edad.
Ese mismo día la asistente social que me cargaba huyó despavorida al ver a mi viejo en sus últimos momentos dentro de la comisaría. Me entregó a un cura de las villas que cuidó de mí, allí viví cerca de un año sin que nadie supiera quién era, hasta que una carta anónima llegó a manos de mi abuela materna, aquí, en Corrientes Capital.
Más tarde me he enterado que esa se la debo a Charito.

12. Nelly Noemí Vázquez de Moresi. Desaparecido el matrimonio el 20 enero 1978- Legajo de Conadep Nº 1703.
Nelly era una estudiante brillante, la primer mujer de Corrientes que se recibió como Licenciada en Química a los 21 años de edad.
Fue además Profesora superior de Piano y Maestra. El matrimonio Moresi tenía dos pequeñas hijas, Adriana Lucía y Mariángeles.
Nelly deleitaba a su familia, a los amigos y a quien quiera oírla, en un piano de cola al que accede casualmente, pianista excepcional, estudiante que no solo sobresalió por su capacidad sino por su incansable generosidad, cosechó el amor de quienes la conocieron y disfrutaron de su amor solidario. Quienes pensaron que desapareciéndola la borraban de la historia se equivocaron.
Nelly Vásquez vive, porque el amor se proyecta y fructifica. A pesar del odio que intenta cercarlo, brota y rebrota, crece y nos sigue regalando el perfume de su existencia.

13.-Alfredo Velásquez, trabajador gráfico, estudiante de derecho. Muerto aparentemente en el copamiento de Formosa. Nunca se entregó el cuerpo a sus familiares 1975- octubre 05 – Legajo de Conadep Nº 4704.
Era el esposo de Mirta Blanco, cuya desaparición no fue denunciada en sede policial ni judicial.

14.- Yedro, Roberto Horacio. Abogado. Fusilado en Margarita Belén el 13 diciembre 1976 Legajo de Conadep Nº 4091 Si bien es de origen chaqueño, toda su militancia universitaria la desarrolla en nuestra ciudad.

Un privilegiado “prisionero de guerra”

repre9por Diego Cazorla Artieda (sobrino del desaparecido correntino Rómulo Gregorio Artieda)

El 21 de abril de 2006 es publicada una carta en el diario El Litoral de Corrientes, de autoría de Juan Carlos De Marchi, el principal acusado de la causa que investiga la desaparición forzada de personas en el Ex -Regimiento de Infantería 9 de esa ciudad, dirigida al Contador Custidiano una especie de  columnista de dicho medio, que si bien utiliza la sección en la que opinan los lectores, sus notas son publicadas todos los domingos.

En la misiva con pedido de publicación del propio Custidiano, De Marchi (recordado por sus víctimas con el apelativo de “el electricista” por su destreza con la picana) se autodefine como “prisionero de guerra”.

Cuando leí la carta me acordé de aquel japonés, el Sub-Teniente Hiroo Onoda, que pasó treinta años creyendo que la Segunda Guerra Mundial continuaba y me pregunté: actualmente ¿contra quién combate De Marchi? ¿contra las Instituciones de la Justicia ?¿ acaso está evaluando huir, tal cual le permite la Convención de Ginebra a los prisioneros de guerra? ¿pensará contraatacar luego?.

De Marchi fue Presidente de la Sociedad Rural de Corrientes y funcionario de la Sociedad Rural Argentina hasta el momento de su detención, estaba inserto en la sociedad correntina, merced a las leyes de impunidad felizmente anuladas. ¿ Cuanto De Marchis estarán insertos aún en nuestra sociedad, inconcientes de que la Dictadura Militar terminó hace más de dos décadas y con la misma caracterización de “los enemigos” que derivó en el genocidio?

A Hiroo Onoda le avisaron treinta años después, que la guerra había terminado. ¿No es tiempo que le avisen a De Marchi que este Estado ya no considera sus enemigos a sus propios ciudadanos?

Nuestros desaparecidos eran sometidos a vejámenes que no lo asimilaban siquiera a los prisioneros de guerra (protegidos por la Convención de Ginebra y con ciertos derechos básicos).

Alguien debería decirle a éste señor que el tener condiciones lujosas de detención, prestigiosos abogados penalistas e Instituciones Judiciales democráticas para ejercer su defensa, es mucho más de lo que tuvieron sus víctimas, y que al calificarse como “prisionero de guerra” debería al menos, sonrojarse.

La participación civil en la dictadura militar argentina

La dictadura militar que se inició en nuestro país el 24 de marzo de 1976, contó con la participación de numerosos civiles, hoy reciclados en la vida política democrática varios de ellos. Los represores, quienes sin dudas deben ser penados por genocidas, no fueron más que los “centuriones del poder”, los garantes armados del plan económico (instrumentado por un civil) que finalmente se aplicó y cuyas consecuencias (deuda externa, desindustrialización, pérdida de conquistas laborales y sociales etc.) aún hoy las padecemos. Los militares no actuaron solos, y es necesario entender esto para poder comprender la complicidad de hoy, las dilaciones en los juicios, la diatriba “reconciliadora” de ciertos sectores políticos y eclesiásticos y la continua, recurrente asimilación semántica de justicia con venganza, aún cuando existe una realidad muy clara y contundente: no existió ningún caso de justicia por manos propias de parte de ningún familiar de desaparecido. Siempre, inexorable y tozudamente…se recurrió a la “Justicia”.

Funcionarios de la dictadura

El detalle de los intendentes con tendencia política definida en todo el país en la dictadura es el siguiente (hasta fines de 1978):

Unión Cívica Radical: 310 intendentes, 53,3%;
Justicialismo: 169 intendentes, 19,3% ;
Demócrata Progresista: 109 intendentes, 12,4% ;
Movimiento de Integración y Desarrollo, liderado por Frondizi, (MID): 94 intendentes, 10,7% ;
Fuerza Federalista Popular, liderado por Manrique: 78 intendentes, 8,9% ;
Partidos Conservadores ajenos a nucleamientos nacionales: 72 intendentes, 8,2% ;
Neoperonistas: 23 intendentes, 2,7% ;
Demócratas Cristianos: 16 intendentes, 1,8% ;
Partido Intransigente, Alende: 4 intendentes, 0,4%.”

Una interesante nota era publicada en el suplemento “Zona” de Clarín en el año 1998, desnudando aspectos de la participación civil en la dictadura. A continuación, la trascripción de la nota.

La diplomacia de la represión

Una serie de documentos de Naciones Unidas, a los que accedió Zona, muestran la complicidad civil con la última dictadura militar y cómo las denuncias por violación a los derechos humanos se silenciaron a lo largo de casi siete años.

DAMIAN NABOT
Durante años esperaron su tiempo en un rincón olvidado del Centro de Informaciones de las Naciones Unidas. Guardaron en silencio ecos de negociaciones, denuncias, acuerdos y derrotas. Son documentos que transcriben las estrategias secretas desplegadas por la diplomacia de la última dictadura militar en el interior de las Naciones Unidas para ahogar las críticas internacionales contra las torturas y la desaparición de personas. Su contenido arroja luz sobre la participación civil en el régimen militar, y dibuja el mapa de las naciones que toleraron o denunciaron las violaciones a los derechos humanos en la Argentina. De acuerdo a esos documentos, a los que accedió Zona, las denuncias por violaciones a los derechos humanos comenzaron a llegar a las Naciones Unidas en 1976, a pocos meses del golpe militar. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) fue uno de los primeros organismos en manifestar su preocupación tras el golpe, ya que debía velar por la seguridad de unos 16 mil latinoamericanos que se habían refugiado en la Argentina para escapar de las dictaduras de sus propios países. Paralelamente, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, de las Naciones Unidas comenzó a recibir informes sobre desaparecidos y torturas. En agosto de 1976 la presión de los exiliados y de países como Francia y Austria obligó a la Subcomisión a pedir un cuadro de situación sobre las violaciones a los derechos humanos en las dictaduras del Cono Sur.Por disposición de las Naciones Unidas, los organismos que lo redactaron, como Amnesty International o la Asociación Internacional de Abogados, debieron evitar cualquier mención directa a los países involucrados. Pero dado el fuerte rechazo que tuvo el informe en la diplomacia argentina, era evidente que aludía, en gran parte, a la dictadura de la Junta Militar. Cuando todavía faltaban siete años para la publicación del Nunca Más, el trabajo entregado a la ONU ya advertía sobre fuerzas paramilitares que operan en secreto y cometen la mayor parte de los actos de tortura y malos tratos a los detenidos. Algunas de las fuerzas de seguridad disponen, según se dice, de una extensa red de operaciones que rebasa las fronteras de los Estados, agregaba. Y en un apartado sobre los métodos de tortura mencionaba el submarino, que consiste en sumergir en agua la cabeza cubierta con una capucha o las descargas eléctricas en las zonas más sensibles del cuerpo. Como respuesta, Gabriel Martínez, embajador argentino en la ONU, expresó su preocupación por las organizaciones no gubernamentales que, desaprensivamente, vienen prestando su nombre para una sistemática campaña de hostigamiento al pueblo y al gobierno argentinos. Una actitud similar adoptó Carlos Ortiz de Rozas, quien en 1977 exigió a sus pares diplomáticos de Nueva York prudencia en el tratamiento de las denuncias por violaciones a los derechos humanos y advirtió que la Comisión no debe ser un órgano en el que ciertos grupos utilicen su influencia, directa o indirecta sino simplemente un lugar donde los países pueden realizar consultas y negociaciones. Ortiz de Rozas se retiró del servicio exterior tras ser embajador del gobierno de Carlos Menem en los Estados Unidos.Los documentos revelan que 1976 fue el año más difícil para la diplomacia local. Desde fines de 1977, en cambio, Martínez y sus colaboradores lograron poner un cerrojo a las denuncias que llegaban a la ONU, especialmente gracias a las alianzas con los países de la órbita soviética o integrantes del Grupo de No Alineados.Por el contrario, en 1976 el ímpetu de la embajadora francesa, Nicole Questiaux, una verdadera pesadilla para los militares, consiguió llevar a la Subcomisión de la ONU la palabra de Rodolfo Mattarollo, abogado de la Comisión Internacional de Juristas. Mattarollo denunció que el gobierno militar había dado luz verde a la ley de fugas, una orden secreta que significaba la eliminación física de todos los presos políticos.Questiaux intentó ampliar la presión internacional contra el gobierno de Videla y llevar las denuncias fuera de la Subcomisión. La diplomacia argentina desplegó un contraataque en todos los frentes. Mientras negociaba con los representantes soviéticos e iraquíes que participaban en la Subcomisión, el gobierno envió una carta al secretario general de las Naciones Unidas donde acusaba a Mattarollo de terrorista. En agosto de 1977, la presión de Francia, las manifestaciones de los exiliados en Ginebra y las denuncias de Amnesty International hicieron que el enfrentamiento internacional estallara en la privacidad de la ONU.El 24 de agosto, en Ginebra, el representante italiano, Antonio Cassese, advirtió que en la Argentina las autoridades parecen admitir la existencia de dos mil a diez mil presos políticos, pero Amnesty tiene pruebas de que en los últimos dos años y medio han desaparecido o han sido secuestradas en la Argentina unas 15 mil personas. Martínez, que participaba como observador de la Argentina calificó al informe de Amnesty de engañoso, dijo que los miembros de la Comisión Argentina de Derechos Humanos eran criminales y terroristas y sugirió que la representante francesa estaba influida por consideraciones políticas.Temperamental, Questiaux respondió que lo escuchado sólo podía aceptarlo como un malentendido. Cassese tuvo la astucia de subrayar que sorprendentemente Martínez no había refutado las cifras ni los datos aportados por los organismos. El representante belga consideró que Martínez se había excedido, y el británico pidió que presente excusas o se retire de la sala. La sesión se levantó en forma intempestiva.Dos días después, los votos de Francia, Italia, Bélgica, el Reino Unido y Austria alcanzaron para aprobar una declaración de la Subcomisión donde expresaba su preocupación por la situación en la Argentina. Los países No Alineados y latinoamericanos se abstuvieron o votaron en contra. Como si las acusaciones estuvieran dirigidas hacia otro país, el informe enviado desde Buenos Aires transcribía los artículos del Código Penal referidos a los delitos denunciados por los organismos de derechos humanos, y aseguraba que en el país los presos contaban con un plan para mejorar su educación e instrucción.En todo establecimiento penitenciario funciona una biblioteca para los internos, cuyo material de lectura, debidamente seleccionado, tiene en cuenta las necesidades profesionales de sus alojados, decía el informe de la diplomacia de la dictadura. Francia intentó al año siguiente un nuevo pronunciamiento. Intentó que las Naciones Unidas entregaran al gobierno argentino la lista de desaparecidos distribuida por Amnesty y exigiera una respuesta caso por caso. Pero la composición de la Subcomisión había cambiado. Los votos a favor de Francia, Gran Bretaña y Austria fueron insuficientes. En contra de la propuesta aparecía media docena de países No Alineados como Colombia o India. La estrategia de alianzas y promesas desplegada por Martínez y Mario Amadeo había tenido éxito. Madame Questiaux tuvo, al menos, una satisfacción personal. El 13 de setiembre de 1978 un artículo de Le Monde escrito por Isabelle Vichniac hizo públicas las denuncias contra la Argentina conocidas en el interior de la Subcomisión. La diplomacia argentina, y aliados coyunturales como Jordania o la URSS, protestaron airadamente contra la filtración, pero la noticia dio la vuelta al mundo. En 1979 la Argentina tenía los aliados necesarios para mantener las críticas sólo en el seno de la Subcomisión y consiguió un lugar en la estratégica Comisión de Derechos Humanos. Pero los enfrentamientos continuaron. En agosto, Martínez debió soportar una nueva embestida, encabezada por Questiaux y Benjamin Whitaker, del Reino Unido. En medio del debate sobre los desaparecidos, el inglés pidió, indirectamente, la dimisión de la Junta Militar: Un régimen que es incapaz de mantener la ley y el orden deberá dimitir y dejar el lugar a un gobierno que pueda proteger los derechos de los ciudadanos de su país. Las críticas habían sumado al representante de Túnez, Abdelwahab Bouhiba, quien en respuesta a la falta de información sobre los desaparecidos recordó que un Estado que se declara desconocedor de la suerte de sus propios ciudadanos adopta una actitud suicida. Paralelamente, se debatía crear una convención que recolectara las denuncias sobre torturas. Durante una hora, Martínez soportó imperturbable las acusaciones. Poco antes de tomar la palabra, su par mexicano, Antonio Báez, propuso enviar a la Argentina un representante de la Subcomisión para estudiar la cuestión de las personas desaparecidas. El embajador argentino se preparó, una vez más, para defender lo imposible con los argumentos conocidos: los verdaderos causantes del período de sombras que cubrió a la Argentina habían sido las organizaciones terroristas. El presidente de la Argentina (por Videla) declaró que las condiciones normales fueron restauradas y ellas comprenden el funcionamiento habitual del sistema judicial, agregó el diplomático. Y concluyó: Hay un mejoramiento sustancial de la situación en la Argentina y el número de las personas desaparecidas está actualmente casi llegando a cero. Después pidió que las listas de desaparecidos se entregaran a las autoridades de las Naciones Unidas para que el gobierno argentino pudiera remitir una respuesta oficial. La discusión continuó a la mañana siguiente. La Argentina estaba representada por Martínez y Amadeo, quien condenó la desaparición de personas pero aclaró que los Estados no son los únicos responsables. Amnesty International tenía preparada una sorpresa. Presentó a Estrella Iglesias, una española de 31 años que había sido secuestrada en Buenos Aires por doce hombres de civil, encarcelada durante un año y deportada luego a Madrid. Después se invitó a los diplomáticos a dialogar con la sobreviviente sobre su experiencia en la Argentina. Martínez reaccionó con molestia: Los representantes de las organizaciones no gubernamentales deberían respetar los procedimientos. Aun así y pese a las imputaciones, los diplomáticos argentinos y sus aliados triunfaron una vez más y lograron postergar la votación. Así, las denuncias por violaciones a los derechos humanos en la Argentina, que habían llegado tempranamente a las Naciones Unidas, permanecieron ahogadas durante siete años gracias a los embajadores de la dictadura, que tendieron sobre ellas un pulcro, prolijo manto diplomático, tejido entre las sombras de las alianzas, el secreto y el silencio.

¿Porqué se habla de 30.000 desaparecidos?

pochotapaLa cifra de 30.000 es tentativa u orientativa si se prefiere, es como decir “un millón de correntinos” o “cuarenta millones de argentinos” o “seis millones de judíos víctimas del horror nazi”.

Los cálculos se basan en informes de las organizaciones de derechos humanos, la Conadep (que no considera desaparecidos a los “muertos en enfrentamiento” por el criterio adoptado, por más que se hallen desaparecidos sus cuerpos), informes de los propios Servicios de Inteligencia de la dictadura militar argentina que se hallan entre los documentos desclasificados, etc.

Pueden verse en Internet estos documentos, algunos de los cuales son muy claros y en virtud de que proceden de los mismos represores no hay razón para dudar de ellos, a menos claro está, que pensemos que en forma deliberada quisieran amplificar el daño infligido por ellos mismos.

Muchas veces se ha pretendido minimizar el genocidio asumiendo como válidas las declaraciones de los responsables de la dictadura, que asumían como mucho la desaparición de 5.000 ciudadanos. Otras veces se considera la cifra obtenida por la Conadep en 1984 y que forma parte del libro “Nunca Más” como una cifra cerrada y válida como máxima, establecida en alrededor de 9.000 casos registrados.

La Conadep, no obstante el informe “Nunca Más”, siguió trabajando, y aún con los criterios necesariamente rígidos hoy la cifra registrada por ellos se eleva a 12.000.

Pero como decíamos antes, son los mismos represores los que, en base a sus propias bases de datos elevan esa cifra al doble de lo registrado actualmente en Conadep, ya en el año 1978 (según el Servicio de Inteligencia del temido Batallón 601).

En definitiva es probable que los desaparecidos hayan superado el número de 30.000 teniendo en cuenta que en el año 1978 recién habían pasado los dos primeros años de una dictadura que duró siete.

Es probable también que la cifra sea ligeramente menor. Lo que es seguro, es que el argumento cuantitativo es absolutamente inválido para minimizar el horror sufrido entre los años 1975 y 1983 por los argentinos, que se mide también en miles de torturados y exiliados, en millones de deuda externa acrecentada por la estatización de la deuda privada (se transfirió al ciudadano de a pie el despilfarro de los grupos económicos), en millones de desocupados como consecuencia de la desindustrialización que propulsó la dictadura y en pocas decenas de represores juzgados; además claro está, de los números que la partidocracia tradicional prestó a los golpistas:

Unión Cívica Radical: 310 intendentes, 53,3%;

Justicialismo: 169 intendentes, 19,3% ;

Demócrata Progresista: 109 intendentes, 12,4% ;

Movimiento de Integración y Desarrollo, liderado por Frondizi, (MID): 94 intendentes, 10,7% ;

Fuerza Federalista Popular, liderado por Manrique: 78 intendentes, 8,9% ;

Partidos Conservadores ajenos a nucleamientos nacionales: 72 intendentes, 8,2% ;

Neoperonistas: 23 intendentes, 2,7% ;

Demócratas Cristianos: 16 intendentes, 1,8% ;

Partido Intransigente, Alende: 4 intendentes, 0,4%.”

Los jefes de la inteligencia chilena habían pedido a Enrique Arancibia Clavel que recabara nombres y números de personas muertas y desaparecidas en Argentina. En varios memorandums enviados a principios de julio de 1978 el agente envía a Santiago miles de nombres y fechas de muertes y desapariciones.

El documento extractado aquí contiene el reporte conocido del cálculo realizado por el propio servicio de inteligencia militar de Argentina que funcionaba en el Batallón 601, acerca del número de las personas que efectivos militares y de fuerzas de seguridad hubieron matado o desaparecido en la represión. El documento era enviado a la sede de la DINA de chile por el funcionario de inteligencia chileno Enrique Arancibia Clavel, que usó el seudónimo ” Luis Felipe Alemparte Diaz, ” y se basa en informes que le fue permitido examinar en la sede de batallón de inteligencia de ejército 601. Arancibia Clavel era el representante de Chile en Argentina de la red de la “Operación Cóndor” creada en noviembre de 1975 por las fuerzas de seguridad de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay.

El reporte proporciona evidencias importantes que corroboran que el número verdadero de desaparecidos es significativamente más alto que las 9.089 personas listadas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) creada en la década del 80.

Es también significativo que la cuenta del servicio de inteligencia militar empieza en 1975, los militares se hacían cargo de actividades represivas en la Nación varios meses antes del golpe militar el 24 de marzo de 1976.

El total real de desaparecidos calculado por los militares superaba la cifra de 22.000 en el reporte escrito en julio de 1978, es sabido que las desapariciones continuaron varios años más.

El documento es una de las aproximadamente 1500 páginas de documentos que se confiscó de las oficinas y la casa de Arancibia por la Corte Federal de Argentina en noviembre de 1978.

PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS

(Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, 
en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos)

PREÁMBULO

Los Estados americanos signatarios de la presente Convención,

Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos;

Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional;

Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, y

Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia, Han convenido en lo siguiente:

PARTE I
DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS

CAPITULO I
ENUMERACION DE DEBERES

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno

Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

CAPITULO II
DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 4. Derecho a la Vida

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.

3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.

4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos.

5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.

Artículo 6. Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas.

2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido.

3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo:

a. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado;

b. el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquél;

c. el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la comunidad, y

d. el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;

d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y

h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

Artículo 10. Derecho a Indemnización

Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.

Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3.Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.

3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta

1.Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.

Artículo 15. Derecho de Reunión

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.

Artículo 16. Libertad de Asociación

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.

Artículo 17. Protección a la Familia

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención.

3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.

4. Los Estados partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.

Artículo 18. Derecho al Nombre

Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario.

Artículo 19. Derechos del Niño

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

Artículo 20. Derecho a la Nacionalidad

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra.

3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.

Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.

Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.

2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.

3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.

4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público.

5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.

6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley.

7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales.

8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas.

9.Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros.

Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a. de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b. de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c. de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

Artículo 24. Igualdad ante la Ley

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

Artículo 25. Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados partes se comprometen:

a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

CAPITULO III
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Artículo 26. Desarrollo Progresivo

Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

CAPITULO IV
SUSPENSION DE GARANTIAS, INTERPRETACION Y APLICACION

Artículo 27. Suspensión de Garantías

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.

Artículo 28. Cláusula Federal

1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial.

2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención.

3. Cuando dos o más Estados partes acuerden integrar entre sí una federación u otra clase de asociación, cuidarán de que el pacto comunitario correspondiente contenga las disposiciones necesarias para que continúen haciéndose efectivas en el nuevo Estado así organizado, las normas de la presente Convención.

Artículo 29. Normas de Interpretación

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:

a. permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;

b. limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;

c. excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y

d. excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.

Artículo 30. Alcance de las Restricciones

Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.

Artículo 31. Reconocimiento de Otros Derechos

Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención otros derechos y libertades que sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los artículos 76 y 77.

CAPITULO V
DEBERES DE LAS PERSONAS

Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos

1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.

2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.

PARTE II
MEDIOS DE LA PROTECCION

CAPITULO VI
DE LOS ORGANOS COMPETENTES

Artículo 33

Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes en esta Convención:

a. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y

b. la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte.

CAPITULO VII
LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Sección 1. Organización

Artículo 34

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de siete miembros, que deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos.

Artículo 35

La Comisión representa a todos los miembros que integran la Organización de los Estados americanos.

Artículo 36

1. Los miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la Asamblea General de la Organización de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados miembros.

2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que los proponga o de cualquier otro Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del proponente.

Artículo 37

1. Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo podrán ser reelegidos una vez, pero el mandato de tres de los miembros designados en la primera elección expirará al cabo de dos años. Inmediatamente después de dicha elección se determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres de estos tres miembros.

2. No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de un mismo Estado.

Artículo 38

Las vacantes que ocurrieren en la Comisión, que no se deban a expiración normal del mandato, se llenarán por el Consejo Permanente de la Organización de acuerdo con lo que disponga el Estatuto de la Comisión.

Artículo 39

La Comisión preparará su Estatuto, lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y dictará su propio Reglamento.

Artículo 40

Los servicios de Secretaría de la Comisión deben ser desempeñados por la unidad funcional especializada que forma parte de la Secretaría General de la Organización y debe disponer de los recursos necesarios para cumplir las tareas que le sean encomendadas por la Comisión.

Sección 2. Funciones

Artículo 41

La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones:

a. estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América;

b. formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos;

c. preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones;

d. solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos;

e. atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten;

f. actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención, y

g. rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 42

Los Estados partes deben remitir a la Comisión copia de los informes y estudios que en sus respectivos campos someten anualmente a las Comisiones Ejecutivas del Consejo Interamericano Económico y Social y del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que aquella vele porque se promuevan los derechos derivados de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.

Artículo 43

Los Estados partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones que ésta les solicite sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de esta Convención.

Sección 3. Competencia

Artículo 44

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte.

Artículo 45

1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en esta Convención.

2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se pueden admitir y examinar si son presentadas por un Estado parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca la referida competencia de la Comisión. La Comisión no admitirá ninguna comunicación contra un Estado parte que no haya hecho tal declaración.

3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse para que ésta rija por tiempo indefinido, por un período determinado o para casos específicos.

4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que transmitirá copia de las mismas a los Estados miembros de dicha Organización.

Artículo 46

1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá:

a. que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos;

b. que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva;

c. que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, y

d. que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petición.

2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán cuando:

a. no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;

b. no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y

c. haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

Artículo 47

La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de acuerdo con los artículos 44 ó 45 cuando:

a. falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46;

b. no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención;

c. resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente infundada la petición o comunicación o sea evidente su total improcedencia, y

d. sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la Comisión u otro organismo internacional.

Sección 4. Procedimiento

Artículo 48

1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra esta Convención, procederá en los siguientes términos:

a. si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará informaciones al Gobierno del Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación alegada, transcribiendo las partes pertinentes de la petición o comunicación. Dichas informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo razonable, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de cada caso;

b. recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación. De no existir o subsistir, mandará archivar el expediente;

c. podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición o comunicación, sobre la base de una información o prueba sobrevinientes;

d. si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, la Comisión realizará, con conocimiento de las partes, un examen del asunto planteado en la petición o comunicación. Si fuere necesario y conveniente, la Comisión realizará una investigación para cuyo eficaz cumplimiento solicitará, y los Estados interesados le proporcionarán, todas las facilidades necesarias;

e. podrá pedir a los Estados interesados cualquier información pertinente y recibirá, si así se le solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados;

f. se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convención.

2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investigación previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan sólo con la presentación de una petición o comunicación que reúna todos los requisitos formales de admisibilidad.

Artículo 49

Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las disposiciones del inciso 1.f. del artículo 48 la Comisión redactará un informe que será transmitido al peticionario y a los Estados partes en esta Convención y comunicado después, para su publicación, al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. Este informe contendrá una breve exposición de los hechos y de la solución lograda. Si cualquiera de las partes en el caso lo solicitan, se les suministrará la más amplia información posible.

Artículo 50

1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el Estatuto de la Comisión, ésta redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones. Si el informe no representa, en todo o en parte, la opinión unánime de los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a dicho informe su opinión por separado. También se agregarán al informe las exposiciones verbales o escritas que hayan hecho los interesados en virtud del inciso 1.e. del artículo 48.

2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no estarán facultados para publicarlo.

3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas.

Artículo 51

1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del informe de la Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración.

2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar la situación examinada.

3. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe.

CAPITULO VIII
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Sección 1. Organización

Artículo 52

1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la Organización, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos.

2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad.

Artículo 53

1. Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por mayoría absoluta de votos de los Estados partes en la Convención, en la Asamblea General de la Organización, de una lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados.

2. Cada uno de los Estados partes puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que los propone o de cualquier otro Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del proponente.

Artículo 54

1. Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis años y sólo podrán ser reelegidos una vez. El mandato de tres de los jueces designados en la primera elección, expirará al cabo de tres años. Inmediatamente después de dicha elección, se determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres de estos tres jueces.

2. El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, completará el período de éste.

3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato. Sin embargo, seguirán conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que se encuentren en estado de sentencia, a cuyos efectos no serán sustituidos por los nuevos jueces elegidos.

Artículo 55

1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados partes en el caso sometido a la Corte, conservará su derecho a conocer del mismo.

2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad de uno de los Estados partes, otro Estado parte en el caso podrá designar a una persona de su elección para que integre la Corte en calidad de juez ad hoc.

3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la nacionalidad de los Estados partes, cada uno de éstos podrá designar un juez ad hoc.

4. El juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52.

5. Si varios Estados partes en la Convención tuvieren un mismo interés en el caso, se considerarán como una sola parte para los fines de las disposiciones precedentes. En caso de duda, la Corte decidirá.

Artículo 56

El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces.

Artículo 57

La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte.

Artículo 58

1. La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en la Asamblea General de la Organización, los Estados partes en la Convención, pero podrá celebrar reuniones en el territorio de cualquier Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos en que lo considere conveniente por mayoría de sus miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo. Los Estados partes en la Convención pueden, en la Asamblea General por dos tercios de sus votos, cambiar la sede de la Corte.

2. La Corte designará a su Secretario.

3. El Secretario residirá en la sede de la Corte y deberá asistir a las reuniones que ella celebre fuera de la misma.

Artículo 59

La Secretaría de la Corte será establecida por ésta y funcionará bajo la dirección del Secretario de la Corte, de acuerdo con las normas administrativas de la Secretaría General de la Organización en todo lo que no sea incompatible con la independencia de la Corte. Sus funcionarios serán nombrados por el Secretario General de la Organización, en consulta con el Secretario de la Corte.

Artículo 60

La Corte preparará su Estatuto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y dictará su Reglamento.

Sección 2. Competencia y Funciones

Artículo 61

1. Sólo los Estados partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte.

2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50.

Artículo 62

1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.

2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos. Deberá ser presentada al Secretario General de la Organización, quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados miembros de la Organización y al Secretario de la Corte.

3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.

Artículo 63

1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.

Artículo 64

1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Asimismo, podrán consultarla, en los que les compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.

2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales.

Artículo 65

La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en cada período ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior. De manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos.

Sección 3. Procedimiento

Artículo 66

1. El fallo de la Corte será motivado.

2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de éstos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o individual.

Artículo 67

El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.

Artículo 68

1. Los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.

2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado.

Artículo 69

El fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido a los Estados partes en la Convención.

CAPITULO IX
DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 70

1. Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión gozan, desde el momento de su elección y mientras dure su mandato, de las inmunidades reconocidas a los agentes diplomáticos por el derecho internacional. Durante el ejercicio de sus cargos gozan, además, de los privilegios diplomáticos necesarios para el desempeño de sus funciones.

2. No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de la Corte ni a los miembros de la Comisión por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 71

Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembros de la Comisión con otras actividades que pudieren afectar su independencia o imparcialidad conforme a lo que se determine en los respectivos Estatutos.

Artículo 72

Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión percibirán emolumentos y gastos de viaje en la forma y condiciones que determinen sus Estatutos, teniendo en cuenta la importancia e independencia de sus funciones. Tales emolumentos y gastos de viaje será fijados en el programa-presupuesto de la Organización de los Estados Americanos, el que debe incluir, además, los gastos de la Corte y de su Secretaría. A estos efectos, la Corte elaborará su propio proyecto de presupuesto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, por conducto de la Secretaría General. Esta última no podrá introducirle modificaciones.

Artículo 73

Solamente a solicitud de la Comisión o de la Corte, según el caso, corresponde a la Asamblea General de la Organización resolver sobre las sanciones aplicables a los miembros de la Comisión o jueces de la Corte que hubiesen incurrido en las causales previstas en los respectivos Estatutos. Para dictar una resolución se requerirá una mayoría de los dos tercios de los votos de los Estados miembros de la Organización en el caso de los miembros de la Comisión y, además, de los dos tercios de los votos de los Estados partes en la Convención, si se tratare de jueces de la Corte.

PARTE III
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

CAPITULO X
FIRMA, RATIFICACION, RESERVA, ENMIENDA, PROTOCOLO Y DENUNCIA

Artículo 74

1. Esta Convención queda abierta a la firma y a la ratificación o adhesión de todo Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos.

2. La ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma se efectuará mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Tan pronto como once Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor. Respecto a todo otro Estado que la ratifique o adhiera a ella ulteriormente, la Convención entrará en vigor en la fecha del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión.

3. El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organización de la entrada en vigor de la Convención.

Artículo 75

Esta Convención sólo puede ser objeto de reservas conforme a las disposiciones de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969.

Artículo 76

1. Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la Corte por conducto del Secretario General, pueden someter a la Asamblea General, para lo que estime conveniente, una propuesta de enmienda a esta Convención.

2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al número de los dos tercios de los Estados partes en esta Convención. En cuanto al resto de los Estados partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.

Artículo 77

1. De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier Estado parte y la Comisión podrán someter a la consideración de los Estados partes reunidos con ocasión de la Asamblea General, proyectos de protocolos adicionales a esta Convención, con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y libertades.

2. Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y se aplicará sólo entre los Estados partes en el mismo.

Artículo 78

1. Los Estados partes podrán denunciar esta Convención después de la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General de la Organización, quien debe informar a las otras partes.

2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto.

CAPITULO XI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Sección 1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Artículo 79

Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a cada Estado Miembro de la Organización que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos para miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de los candidatos presentados y la comunicará a los Estados miembros de la Organización al menos treinta días antes de la próxima Asamblea General.

Artículo 80

La elección de miembros de la Comisión se hará de entre los candidatos que figuren en la lista a que se refiere el artículo 79, por votación secreta de la Asamblea General y se declararán elegidos los candidatos que obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados miembros. Si para elegir a todos los miembros de la Comisión resultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminará sucesivamente, en la forma que determine la Asamblea General, a los candidatos que reciban menor número de votos.

Sección 2. Corte Interamericana de Derechos Humanos

Artículo 81

Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a cada Estado parte que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos para jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de los candidatos presentados y la comunicará a los Estados partes por lo menos treinta días antes de la próxima Asamblea General.

Artículo 82

La elección de jueces de la Corte se hará de entre los candidatos que figuren en la lista a que se refiere el artículo 81, por votación secreta de los Estados partes en la Asamblea General y se declararán elegidos los candidatos que obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados partes. Si para elegir a todos los jueces de la Corte resultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminarán sucesivamente, en la forma que determinen los Estados partes, a los candidatos que reciban menor número de votos.

Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos

Elevemos la mirada

mbmonumentapaAlain Touraine, considerado uno de los más importantes sociólogos  contemporáneos, sostiene que las voces que más se escuchan en la  Argentina son las voces de los desaparecidos. Sostuvo además, que  sería imposible concebir el proceso democratizador en la Argentina  sin la cuestión de los desaparecidos y los derechos humanos.

¿Por qué entonces es que en una provincia como Corrientes, tan  sufrida, en las pocas ocasiones en las que se debate respecto del tema DDHH hay tanta ligereza argumental, tanto cliché remanido?
Es esperable que salgan nostálgicos de la dictadura a opinar en las radios, haciéndolo incluso al borde de la apología del delito, porque para eso también es pues este bendito sistema absolutamente perfectible, que –sin ponernos colorados- llamamos Democracia, aún para que abusen de él sus detractores.

Lo que también sería de esperar a esta altura de la historia, es que dejemos ciertos “vicios” y tratemos el tema con altura.

No es cierto – y ya es un debate superado en el mundo- que el goce de los derechos que nos son inherentes en tanto humanos, sean incompatibles con la seguridad. ¿Qué se esconde detrás de aseveraciones tan temerarias? ¿La reivindicación de la tortura como “disciplinador social”?. Tampoco es cierto, que ante la existencia de un delito la policía no puede actuar “porque está atada de pies y manos” debido a que “no tienen orden judicial” o “los derechos humanos” no se los permiten. La policía, como auxiliar de la justicia, debe actuar ante la comisión de un delito y solo debe solicitar autorización de un juez para ciertos casos en los que no se habla de delitos detectados “in fraganti”.

Si creemos que esta policía que tenemos “no puede actuar” sin violar las leyes y los derechos de las personas quizás sea tiempo de formar a los nuevos policías de tal manera que sí puedan. La solución, me lo
dice el sentido común, no es volver a la Inquisición, sino adecuar las fuerzas de seguridad a las reglas de juego

de una sociedad que pretende –muy lentamente por cierto – evolucionar a formas mas participativas de gobierno, más democráticas, mas humana (léase bien por favor, dije “una sociedad” no hago referencia a gobierno alguno, cada cual evaluará si sus representantes pretenden lo mismo que la sociedad).

En este momento deberíamos encarar un nivel de discusión que no parta del sótano, hay muchas cuestiones que se disparan para evitar que resolvamos interrogantes que tengan que ver con discusiones de fondo
como ser ¿quién se benefició con la Dictadura? ¿Quiénes fueron sus cómplices? ¿Qué voces acalló la Dictadura?¿Cómo es posible que en Democracia se sigan violando derechos humanos fundamentales?…y tantos otros ¿no?

 

Diego Cazorla Artieda