¿Porqué se habla de 30.000 desaparecidos?

pochotapaLa cifra de 30.000 es tentativa u orientativa si se prefiere, es como decir “un millón de correntinos” o “cuarenta millones de argentinos” o “seis millones de judíos víctimas del horror nazi”.

Los cálculos se basan en informes de las organizaciones de derechos humanos, la Conadep (que no considera desaparecidos a los “muertos en enfrentamiento” por el criterio adoptado, por más que se hallen desaparecidos sus cuerpos), informes de los propios Servicios de Inteligencia de la dictadura militar argentina que se hallan entre los documentos desclasificados, etc.

Pueden verse en Internet estos documentos, algunos de los cuales son muy claros y en virtud de que proceden de los mismos represores no hay razón para dudar de ellos, a menos claro está, que pensemos que en forma deliberada quisieran amplificar el daño infligido por ellos mismos.

Muchas veces se ha pretendido minimizar el genocidio asumiendo como válidas las declaraciones de los responsables de la dictadura, que asumían como mucho la desaparición de 5.000 ciudadanos. Otras veces se considera la cifra obtenida por la Conadep en 1984 y que forma parte del libro “Nunca Más” como una cifra cerrada y válida como máxima, establecida en alrededor de 9.000 casos registrados.

La Conadep, no obstante el informe “Nunca Más”, siguió trabajando, y aún con los criterios necesariamente rígidos hoy la cifra registrada por ellos se eleva a 12.000.

Pero como decíamos antes, son los mismos represores los que, en base a sus propias bases de datos elevan esa cifra al doble de lo registrado actualmente en Conadep, ya en el año 1978 (según el Servicio de Inteligencia del temido Batallón 601).

En definitiva es probable que los desaparecidos hayan superado el número de 30.000 teniendo en cuenta que en el año 1978 recién habían pasado los dos primeros años de una dictadura que duró siete.

Es probable también que la cifra sea ligeramente menor. Lo que es seguro, es que el argumento cuantitativo es absolutamente inválido para minimizar el horror sufrido entre los años 1975 y 1983 por los argentinos, que se mide también en miles de torturados y exiliados, en millones de deuda externa acrecentada por la estatización de la deuda privada (se transfirió al ciudadano de a pie el despilfarro de los grupos económicos), en millones de desocupados como consecuencia de la desindustrialización que propulsó la dictadura y en pocas decenas de represores juzgados; además claro está, de los números que la partidocracia tradicional prestó a los golpistas:

Unión Cívica Radical: 310 intendentes, 53,3%;

Justicialismo: 169 intendentes, 19,3% ;

Demócrata Progresista: 109 intendentes, 12,4% ;

Movimiento de Integración y Desarrollo, liderado por Frondizi, (MID): 94 intendentes, 10,7% ;

Fuerza Federalista Popular, liderado por Manrique: 78 intendentes, 8,9% ;

Partidos Conservadores ajenos a nucleamientos nacionales: 72 intendentes, 8,2% ;

Neoperonistas: 23 intendentes, 2,7% ;

Demócratas Cristianos: 16 intendentes, 1,8% ;

Partido Intransigente, Alende: 4 intendentes, 0,4%.”

Los jefes de la inteligencia chilena habían pedido a Enrique Arancibia Clavel que recabara nombres y números de personas muertas y desaparecidas en Argentina. En varios memorandums enviados a principios de julio de 1978 el agente envía a Santiago miles de nombres y fechas de muertes y desapariciones.

El documento extractado aquí contiene el reporte conocido del cálculo realizado por el propio servicio de inteligencia militar de Argentina que funcionaba en el Batallón 601, acerca del número de las personas que efectivos militares y de fuerzas de seguridad hubieron matado o desaparecido en la represión. El documento era enviado a la sede de la DINA de chile por el funcionario de inteligencia chileno Enrique Arancibia Clavel, que usó el seudónimo ” Luis Felipe Alemparte Diaz, ” y se basa en informes que le fue permitido examinar en la sede de batallón de inteligencia de ejército 601. Arancibia Clavel era el representante de Chile en Argentina de la red de la “Operación Cóndor” creada en noviembre de 1975 por las fuerzas de seguridad de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay.

El reporte proporciona evidencias importantes que corroboran que el número verdadero de desaparecidos es significativamente más alto que las 9.089 personas listadas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) creada en la década del 80.

Es también significativo que la cuenta del servicio de inteligencia militar empieza en 1975, los militares se hacían cargo de actividades represivas en la Nación varios meses antes del golpe militar el 24 de marzo de 1976.

El total real de desaparecidos calculado por los militares superaba la cifra de 22.000 en el reporte escrito en julio de 1978, es sabido que las desapariciones continuaron varios años más.

El documento es una de las aproximadamente 1500 páginas de documentos que se confiscó de las oficinas y la casa de Arancibia por la Corte Federal de Argentina en noviembre de 1978.