CON EL AVAL DE LA CORTE SUPREMA Y EL CONGRESO, MANUEL ZELAYA FUE DERROCADO Y
LLEVADO EN UN AVIÓN A COSTA RICA
Un golpe de Estado cívico-militar jaquea a Honduras
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Ayer, a pesar del toque de queda
impuesto por los militares, los hondureños continuaron protestando en la
capital. |
El mandatario, que había convocado a una consulta electoral, fue sorprendido por
militares que lo sacaron literalmente del poder. Asumió en su lugar el
presidente del Congreso. La OEA, la ONU, Estados Unidos y toda la región
pidieron la restitución de Zelaya.
En Honduras, los militares salieron ayer a la calle y consumaron un golpe de
Estado. Con el aval de la Corte Suprema, el presidente constitucional, Manuel
Zelaya, fue secuestrado y enviado en avión a Costa Rica, desde donde
responsabilizó a sectores de la elite económica local por su deseo de poder y
reafirmó que sigue siendo el único jefe de Estado hondureño. “Sólo el pueblo me
puede quitar o poner. No va a ser un grupo de gorilas el que me va a arrebatar
el poder moral que me dio el pueblo de mi país”, afirmó Zelaya, respaldado por
su homólogo local, el presidente costarricense Oscar Arias. Sin embargo, en
Tegucigalpa, los golpistas avanzaron con sus planes y ya nombraron como nuevo
presidente al jefe del Congreso, Roberto Micheletti. El sistema interamericano y
su capacidad para salir en defensa de la democracia se puso a prueba una vez más
y la OEA ya condenó el golpe y exigió la restitución inmediata de Zelaya; lo
propio hizo la ONU y, al cierre de esta edición, el repudio hemisférico y
mundial era unánime.
Washington también les negó legitimidad a los golpistas. “Zelaya es el único
presidente que reconozco y quiero dejarlo muy en claro”, señaló Barack Obama
desde la Casa Blanca. “Honduras no está sola”, lanzó a su vez Hugo Chávez desde
Caracas, tras lo cual anunció una batalla continental para reponer al mandatario
en su puesto y convocó a una reunión de emergencia a los países del ALBA para
hoy en Nicaragua. La canciller hondureña, Patricia Rodas, seguía ayer
secuestrada en la base de la Fuerza Aérea de la capital y los militares
impusieron el toque de queda.
El conflicto se desencadenó a propósito de una consulta electoral. Zelaya
intentaba ayer consultar a los hondureños acerca de si estaban o no de acuerdo
en votar, junto a las elecciones presidenciales de noviembre próximo, la
convocatoria a una asamblea constituyente para reformar la Constitución y, de
ese modo, incluir, entre otras cosas, la posibilidad de una reelección
presidencial, inexistente en la Carta Magna de ese país. Sin embargo, en
Honduras el único organismo con facultades para llamar a una consulta popular es
el Congreso y, por eso, la Corte Suprema y el Poder Legislativo habían
dictaminado que la medida era ilegal.
El jueves pasado la tensión se derramó por las calles por primera vez cuando el
mandatario le ordenó al jefe del Comando Conjunto del Ejército, el general Romeo
Vázquez, que se encargara de la logística de la consulta y éste se negó bajo el
argumento de que las fuerzas armadas no cumplirían con una tarea que la Justicia
había declarado ilegal. Zelaya echó a Vázquez, fue personalmente en busca de las
urnas y comenzó a distribuirlas por todo el país. Los militares, en respuesta,
salieron a la calle en defensa de su jefe y la Corte Suprema restituyó a Vázquez
en su cargo.
Hubo negociaciones secretas, el viernes Zelaya declaró que “perdonaba” a Vázquez
por su acto de insubordinación y, durante 48 horas, la calma pareció volver al
país centroamericano. Pero en medio de todo esto, la movilización para realizar
la consulta popular continuó y ayer la Corte Suprema les ordenó a los militares
remover al presidente democráticamente electo, confiscar las urnas y llevar a
cabo un golpe de Estado.
Danilo Izaguirre, vocero del Poder Judicial, fue el encargado de encontrar las
palabras necesarias para evitar hablar de un golpe. “El Poder Judicial deja
constancia de que el origen de las acciones del día de hoy está basado en una
orden judicial emitida por juez competente, y por ello su ejecución está
enmarcada dentro de los preceptos legales”, arguyó el comunicado leído por el
vocero.
Pero más allá de la jerga jurídica, la movida fue como en tiempos de la Guerra
Fría o, más recientemente, como durante el intento fallido de golpe en Venezuela
en abril de 2002. Hacia las cinco de la madrugada hora local, un grupo de
militares encapuchados entró en la residencia del mandatario a punta de fusil y
lo removió de su cargo. Varios tanques rodearon la Casa de Gobierno y diversos
helicópteros coparon el cielo de Tegucigalpa.
Los golpistas, incluso, secuestraron y golpearon durante un par de horas a los
embajadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que provocó la reacción del
mandatario bolivariano, que amenazó con acciones militares si volvían a tocar a
su representante.
A partir de ese momento, y a pesar de las condenas que comenzaban a llegar desde
todos los países de la región anunciando que no reconocerían al nuevo gobierno
de facto, los militares y civiles prosiguieron con sus planes de manera
implacable.
El pleno del Congreso se reunió en la Cámara. El secretario legislativo, Alfredo
Saavedra, leyó una supuesta carta de renuncia del mandatario que Zelaya se
encargó de desmentir inmediatamente desde Costa Rica y, acto seguido, a mano
alzada y en menos de un minuto, los legisladores aceptaron la falsa renuncia y
aprobaron una moción de censura e inhabilitación en contra del legítimo
presidente por supuestas desviaciones del marco constitucional. Una hora
después, la ilegalidad llegó a su punto más alto y los legisladores, sin más,
nombraron como nuevo presidente de facto a Roberto Micheletti.
Micheletti, hasta ese momento presidente del Parlamento, negó que hubiera habido
un golpe, afirmó que gobernará como manda la Constitución y anunció un gobierno
de unidad nacional. “Lo que hemos hecho aquí es un acto democrático. Les aseguro
que llevaré adelante un gobierno de conciliación y diálogo nacional”, precisó el
presidente de facto.
Mientras tanto, desde Costa Rica, Zelaya fue claro. “Este secuestro es un
retroceso de 50 años a la época de las dictaduras. Yo quiero retornar al país,
jamás renuncié y soy el presidente legítimo de los hondureños. Espero el apoyo
de todos los demócratas de la América entera”, afirmó.
Ayer, a última hora de la tarde, y a pesar del toque de queda impuesto por los
militares, miles de hondureños continuaron copando las calles de la capital para
reclamar por la restitución de su presidente, al que llaman “el presidente de
los pobres”. “Queremos que nos entreguen a Mel”, se escuchaba ayer entre la
multitud. “El pueblo se atrincheró y no acepta lo que está pasando”, expresó
Amable Hernández, un dirigente social.
Huelga y marchas
Representantes de los sectores sociales de Honduras anunciaron una huelga
general para hoy en demanda del regreso de su presidente. “Se creó un frente
cívico patriótico”, dijo Andrés Pavón, presidente del Comité para la Defensa de
los Derechos Humanos de Honduras. Los empleados del sector público y los
miembros de la Central General de los Trabajadores de ese país no están solos en
su protesta. Una veintena de organizaciones sociales, políticas y sindicales,
intelectuales y personalidades de la Argentina y otros países convocaron para
hoy a manifestar en repudio al golpe de Estado. El acto en Buenos Aires será en
el auditorio de ATE, en avenida Belgrano 2527, a las 17, donde exigirán “el
respeto a las libertades políticas, sindicales y culturales de la sociedad
hondureña, el rechazo al gobierno espurio impuesto por las Fuerzas Armadas y
legitimado por el Congreso nacional y la reposición inmediata del gobierno de
Zelaya”. Desde el Nuevo MAS (Movimiento al Socialismo) convocaron a marchar hoy
desde Plaza Congreso hacia la Embajada de Honduras, al igual que el PTS y otras
organizaciones.
Repudio de Argentina
Cristina Fernández de Kirchner se tomó un tiempo durante la jornada electoral
para repudiar el golpe de Estado en Honduras contra su par Manuel Zelaya. “Es un
hecho que nos remonta a la peor barbarie en la historia de Latinoamérica”,
calificó la Presidenta, quien, en sintonía con mandatarios de todo el mundo,
exigió “el inmediato restablecimiento del gobierno constitucional de Zelaya”,
según un comunicado que difundió Cancillería.
Momentos después de emitir su voto en una escuela de Río Gallegos, Fernández
habló con los medios y aprovechó para llamar a “todos los países del continente
y toda la comunidad internacional” a trabajar en la restitución de Zelaya y
poner especial énfasis en “el respeto de su integridad física e institucional”.
La Presidenta calificó la coyuntura de “un momento muy sombrío” y dijo haber
sido informada de que Zelaya “fue sacado casi sin ropas, puesto preso por las
Fuerzas Armadas y que incluso lo golpearon”. También adelantó que la Argentina
convocará a todos los gobiernos de la región para buscar una salida pacífica al
conflicto y reclamó a la OEA “el cumplimiento de la Carta Democrática, esto es
que se cumpla a rajatabla el respeto de las Constituciones y de las votaciones
populares”.
Por su parte, el canciller Jorge Taiana expresó “la más enérgica condena y
repudio”. “No podemos permitir que vuelvan los golpes de Estado”, subrayó el
diplomático en un comunicado, en el que hizo explícita su postura, consensuada
con los cuerpos diplomáticos de todos los gobiernos de la región. Además, luego
de emitir su sufragio, Taiana también dialogó con la prensa y confió que estuvo
en comunicación con su par hondureña, Patricia Rodas, quien le relató que estaba
“rodeada por tierra y aire” por las Fuerzas Armadas. En un breve diálogo, el
canciller argentino “le manifestó la solidaridad del Gobierno y la voluntad
política de los países de la región para exigir el restablecimiento en el
gobierno del presidente hondureño”.
Con la indeleble marca de la CIA
Por Atilio A. Boron
La historia se repite, y muy probablemente concluya de la misma manera. El golpe
de Estado en Honduras es una reedición del que se perpetrara en abril de 2002 en
Venezuela y del que fuera abortado ante la fulminante reacción de varios
gobiernos de la región en Bolivia el año pasado. Un presidente violentamente
secuestrado en horas de la madrugada por militares encapuchados, siguiendo al
pie de la letra lo indicado por el Manual de Operaciones de la CIA y la Escuela
de las Américas para los escuadrones de la muerte; una carta de renuncia
apócrifa que se dio a conocer con el propósito de engañar y desmovilizar a la
población y que fue de inmediato retransmitida a todo el mundo por la CNN sin
antes confirmar la veracidad de la noticia; la reacción del pueblo que
consciente de la maniobra sale a la calle a detener los tanques y los vehículos
del ejército a mano limpia y a exigir el retorno de Zelaya a la presidencia; el
corte de la energía eléctrica para impedir el funcionamiento de la radio y la
televisión y sembrar la confusión y el desánimo. Como en Venezuela, no bien
encarcelaron a Hugo Chávez, los golpistas instalaron un nuevo presidente: Pedro
Francisco Carmona, a quien la inventiva popular lo rebautizó como “el efímero”.
Quien desempeña su rol en Honduras es el presidente del Congreso unicameral de
ese país, Roberto Micheletti, quien juró ayer como mandatario provisional y sólo
un milagro le impediría correr la misma suerte que su predecesor venezolano.
Lo ocurrido en Honduras pone de manifiesto la resistencia que provoca en las
estructuras tradicionales de poder cualquier tentativa de profundizar la vida
democrática. Bastó que el presidente Zelaya decidiera llamar a una consulta
popular –apoyada con la firma de más de 400.000 ciudadanos– sobre una futura
convocatoria a una Asamblea Constitucional para que los distintos dispositivos
institucionales del Estado se movilizaran para impedirlo, desmintiendo de ese
modo su supuesto carácter democrático: el Congreso ordenó la destitución del
presidente y un fallo de la Corte Suprema convalidó el golpe de Estado. Fue nada
menos que este tribunal quien emitió la orden de secuestro y expulsión del país
del presidente, prohijando como lo hizo a lo largo de toda la semana la conducta
sediciosa de las Fuerzas Armadas.
Zelaya no ha renunciado ni ha solicitado asilo político en Costa Rica. Fue
secuestrado y expatriado, y el pueblo ha salido a la calle a defender a su
gobierno. Las declaraciones que logran salir de Honduras son clarísimas en ese
sentido, especialmente la del líder mundial de Vía Campesina, Rafael Alegría.
Los gobiernos de la región han repudiado al golpismo y en el mismo sentido se ha
manifestado Barack Obama al decir que Zelaya “es el único presidente de Honduras
que reconozco y quiero dejarlo muy claro”. La OEA se expresó en los mismos
términos y desde la Argentina la presidenta Cristina Fernández declaró: “Vamos a
impulsar una reunión de Unasur, aunque Honduras no forma parte de ese organismo,
y vamos a exigir a la OEA el respeto de la institucionalidad y la reposición de
Zelaya, además garantías para su vida, su integridad física y la de su familia,
porque eso es fundamental, porque es un acto de respeto a la democracia y a
todos los ciudadanos”.
La brutalidad de todo el operativo lleva la marca indeleble de la CIA y la
Escuela de las Américas: desde el secuestro del presidente, enviado en pijama a
Costa Rica, y el insólito secuestro y la golpiza propinada a tres embajadores de
países amigos: Nicaragua, Cuba y Venezuela, que se habían acercado hasta la
residencia de la ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, Patricia Rodas,
para expresarle la solidaridad de sus países, pasando por el ostentoso
despliegue de fuerza hecho por los militares en las principales ciudades del
país con el claro propósito de aterrorizar a la población. A última hora de la
tarde impusieron el toque de queda y existe una estricta censura de prensa, pese
a lo cual no se conoce declaración alguna de la Sociedad Interamericana de
Prensa (siempre tan atenta ante la situación de los medios en Venezuela, Bolivia
y Ecuador) condenando este atentado contra la libertad de prensa.
No está demás recordar que las Fuerzas Armadas de Honduras fueron completamente
reestructuradas y “reeducadas” durante los años ’80, cuando el embajador de
EE.UU. en Honduras era nada menos que John Negroponte, cuya carrera
“diplomática” lo llevó a cubrir destinos tan distintos como Vietnam, Honduras,
México, Irak para, posteriormente, hacerse cargo del superorganismo de
inteligencia llamado Consejo Nacional de Inteligencia de su país. Desde
Tegucigalpa monitoreó personalmente las operaciones terroristas realizadas
contra el gobierno sandinista y promovió la creación del escuadrón de la muerte
mejor conocido como el Batallón 316 que secuestró, torturó y asesinó a
centenares de personas dentro de Honduras, mientras en sus informes a Washington
negaba que hubiera violaciones de los derechos humanos en ese país. En su
momento, el senador estadounidense John Kerry demostró que el Departamento de
Estado había pagado 800 mil dólares a cuatro compañías de aviones de carga
pertenecientes a grandes narcos colombianos para que transportasen armas para
los grupos que Negroponte organizaba y apoyaba en Honduras. Estos pilotos
testificaron bajo juramento confirmando las declaraciones de Kerry.
La propia prensa estadounidense informó que Negroponte estuvo ligado al tráfico
de armas y de drogas entre 1981 a 1985 con el objeto de armar a los escuadrones
de la muerte, pero nada interrumpió su carrera. Esas fuerzas armadas son las que
depusieron a Zelaya. Pero la correlación de fuerzas en el plano interno e
internacional es tan desfavorable que la derrota de los golpistas es sólo
cuestión de (muy poco) tiempo.
* Politólogo.
Los parásitos del pueblo
Por Jorge Majfud *
Ayer domingo 28 de junio por la mañana, los militares de Honduras rodearon al
presidente y, mientras lo apuntaban con sus armas, le preguntaron por qué no
había obedecido las órdenes del general Romeo Vásquez. Como el presidente
pensaba que él debía dar las órdenes a sus subordinados, éstos lo invitaron a
retirarse de la Casa de Gobierno. De ahí a un auto y luego a un avión de la
fuerza aérea hasta Costa Rica.
Al mismo tiempo, todos los medios de comunicación del país fueron copados y se
les sugirió por la fuerza no transmitir información que no fuera controlada
directamente por el proceso democrático que se estaba llevando a cabo. Apenas
pudimos escuchar las declaraciones del presidente depuesto al arribar a Costa
Rica unos pocos periodistas que “ilegalmente” informaron al mundo de lo que
estaba pasando y unos cuantos hondureños que nos mantuvieron informados vía
electrónica.
Según las Fuerzas Armadas de Honduras, todo este proceso fue en defensa de la
legalidad y la Constitución. Los militares se justificaron diciendo que recibían
órdenes de la Corte Suprema. A pesar de que la Constitución hondureña no prevé
este mecanismo para saltearse la autoridad de un presidente legal y legítimo,
era necesaria una excusa para tontos. La declaración sólo demuestra que en
Honduras se llevó a cabo un golpe de Estado con todas sus letras; en nombre de
la “legalidad”, militares y jueces se pasaron por encima la misma Constitución.
Si en el pasado este trabajo de gorilas era propio de los altos jefes militares,
ahora vemos que la misma ilegalidad está apoyada, promovida y justificada por el
Poder Judicial de un país. La complicidad del Parlamento confirma esta práctica:
las leyes se respetan siempre y cuando sirvan a los intereses de los sectores
más poderosos de una sociedad.
Cualquier Constitución de cualquier país decente y democrático prevé la
destitución de un presidente. Pero este proceso tiene determinadas condiciones y
un número específico de etapas legales que garantizan su validez. Que yo
recuerde, en ninguna Constitución democrática se prevé que el presidente puede
ser tomado por la fuerza militar, secuestrado y expulsado de su propio país.
Menos en nombre de la legalidad. Menos por orden de un puñado de jueces. Menos
con la complicidad del jefe de un Parlamento que además es el opositor político
del mandatario.
Todo lo cual demuestra hasta qué profundidad la cultura golpista sobrevive aún
en las clases dirigentes de Honduras. Y no sólo de Honduras, lo que de paso
sirve para estar alertas ante las viejas sobras de la historia latinoamericana.
Hoy defender al presidente Zelaya no es defender sus políticas ni mucho menos a
su persona. Hoy, defenderlo, aun contra las instituciones (secuestradas) de
Honduras, significa defender la democracia y cualquier estado de derecho en
cualquier parte del mundo basado en el respeto a las leyes y la Constitución no
sólo cuando conviene. Porque en una democracia las leyes y la Constitución no se
corrigen rompiéndolas, sino cambiándolas. Algo que precisamente pretendía hacer
el presidente secuestrado.
Lamentablemente, debo terminar esta breve nota de profundo repudio con las
últimas líneas con que terminé la nota anterior al golpe: hoy Honduras se debate
ante el desafío latinoamericano de enfrentar cualquier cambio político hacia la
igual-libertad, hacia su destino de independencia y dignidad, o volver a los
miserables tiempos en que nuestros países eran definidos como republiquetas o
repúblicas bananeras.
* Escritor uruguayo. Escuela de Humanidades de Lincoln University.
Fuente: Página 12
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