OTRO TESTIGO COMPROMETE A UN CAMARISTA MENDOCINO CON EL TERRORISMO DE ESTADO
Cuando la Justicia se quedó muda
Un abogado dijo que el entonces secretario del juzgado federal
Carlos Martín Pereyra González le confesó haber visto a una detenida torturada
en la Jefatura de Policía. Se suma a otros testimonios que señalan al juez.
|
|
| Los acusados en San Luis: Carlos Plá, David Becerra, Luis Orozco, Miguel Angel Fernández Gez y Juan Pérez. |
Por Diego Martínez
La relación del Poder Judicial con el terrorismo de Estado volvió al centro de
la escena en San Luis. Durante la última audiencia testimonial del juicio a dos
militares y tres ex policías, un abogado que durante la dictadura asistió a
familiares de desaparecidos declaró que el entonces secretario del juzgado
federal, Carlos Martín Pereyra González, le confesó haber visto a una detenida
torturada en la Jefatura de Policía. El actual juez de la Cámara Federal de
Mendoza, denunciada ante el Consejo de la Magistratura por excarcelar a todos
los represores cuyanos procesados por crímenes de lesa humanidad, negó la semana
pasada haber recibido denuncias de torturas y dijo que ignoraba “la magnitud de
lo que estaba pasando”.
“A mi estudio llegaban familiares de presos políticos y más que defender lo que
yo hacía era lobby”, arrancó Carlos Samper. El abogado contó que “al día
siguiente del operativo de La Toma”, en referencia a las detenciones de Graciela
Fioche-tti y Víctor Fernández el 21 de septiembre de 1976, fue a tribunales a
buscar información ya que “era bastante amigo del juez (Francisco) Allende y del
secretario Pereyra González”. Fue entonces que el joven magistrado “con tono
amargado” le confesó: “He asistido a un espectáculo terrible que no quiero
volver a ver en mi vida. He visto a esta chica torturada, pero por suerte parece
que la van a poner en libertad”. Dos días después apareció el cadáver de
Fiochetti, quemado y con las falanges cortadas.
Samper no es el primer testigo que vincula a Su Señoría con un cuerpo picaneado.
Jorge Velázquez, ex miembro del Departamento de Investigaciones de la policía,
declaró ante la Justicia que el secretario presenció el interrogotario de la
mujer de 21 años. La semana pasada el camarista explicó que los dichos de
Velázquez eran producto del “odio demencial” que le tomó en 1985, cuando como
juez federal de San Luis lo condenó a 16 años de prisión.
El magistrado también negó haber recibido denuncias de torturas, aunque varios
ex presos políticos sugieren lo contrario. En diciembre de 1976, durante un
careo ante el juez Allende y su secretario, Juan Cruz Sarmiento se retractó de
una declaración anterior porque aseguró que había sido obtenida bajo torturas de
Plá y del comisario Víctor Becerra. Allí murió su denuncia. Aníbal Olivera
explicó que “en la Justicia federal sabían bien lo que pasaba en la Jefatura de
Policía porque estaban pared de por medio” y agregó que su primera denuncia por
apremios la presentó ante Allende y Pereyra González, en la cárcel de La Plata,
en febrero de 1977. “Me trataron casi como si ellos también fueran torturadores.
Cuando dije lo que nos habían hecho me dijeron a los gritos que lo que estaba
haciendo era un desacato a la autoridad”, agregó.
Durante su declaración, Pereyra González –igual que Allende– admitió haber
devuelto al Ejército sin ordenar ninguna medida de prueba el sumario ordenado
por el coronel Miguel Fernández Gez que sindicó a Montoneros como posible autor
de la muerte de Fiochetti (identificada en 1985) y el “NN masculino” junto al
cual la ejecutaron. El juez y su secretario lo habían solicitado a pedido de los
padres de Domingo Chacón, desaparecido días antes, para verificar quién era el
NN. Un día antes de la aparición de los cadáveres quemados también había
presentado un hábeas corpus el padre de Santana Alcaraz, aún desaparecido. Juez
y secretario no ordenaron exhumar los cuerpos y devolvieron el sumario en
silencio. “No supe de desapariciones en ese momento, ignorábamos la magnitud de
lo que estaba pasando”, aseguró con lágrimas Pereyra González. El Movimiento
Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza y la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación ya pidieron copia certificada de su declaración.
Fuente: Página 12
