La participación civil en la dictadura militar argentina

La dictadura militar que se inició en nuestro país el 24 de marzo de 1976, contó con la participación de numerosos civiles, hoy reciclados en la vida política democrática varios de ellos. Los represores, quienes sin dudas deben ser penados por genocidas, no fueron más que los “centuriones del poder”, los garantes armados del plan económico (instrumentado por un civil) que finalmente se aplicó y cuyas consecuencias (deuda externa, desindustrialización, pérdida de conquistas laborales y sociales etc.) aún hoy las padecemos. Los militares no actuaron solos, y es necesario entender esto para poder comprender la complicidad de hoy, las dilaciones en los juicios, la diatriba “reconciliadora” de ciertos sectores políticos y eclesiásticos y la continua, recurrente asimilación semántica de justicia con venganza, aún cuando existe una realidad muy clara y contundente: no existió ningún caso de justicia por manos propias de parte de ningún familiar de desaparecido. Siempre, inexorable y tozudamente…se recurrió a la “Justicia”.

Funcionarios de la dictadura

El detalle de los intendentes con tendencia política definida en todo el país en la dictadura es el siguiente (hasta fines de 1978):

Unión Cívica Radical: 310 intendentes, 53,3%;
Justicialismo: 169 intendentes, 19,3% ;
Demócrata Progresista: 109 intendentes, 12,4% ;
Movimiento de Integración y Desarrollo, liderado por Frondizi, (MID): 94 intendentes, 10,7% ;
Fuerza Federalista Popular, liderado por Manrique: 78 intendentes, 8,9% ;
Partidos Conservadores ajenos a nucleamientos nacionales: 72 intendentes, 8,2% ;
Neoperonistas: 23 intendentes, 2,7% ;
Demócratas Cristianos: 16 intendentes, 1,8% ;
Partido Intransigente, Alende: 4 intendentes, 0,4%.”

Una interesante nota era publicada en el suplemento “Zona” de Clarín en el año 1998, desnudando aspectos de la participación civil en la dictadura. A continuación, la trascripción de la nota.

La diplomacia de la represión

Una serie de documentos de Naciones Unidas, a los que accedió Zona, muestran la complicidad civil con la última dictadura militar y cómo las denuncias por violación a los derechos humanos se silenciaron a lo largo de casi siete años.

DAMIAN NABOT
Durante años esperaron su tiempo en un rincón olvidado del Centro de Informaciones de las Naciones Unidas. Guardaron en silencio ecos de negociaciones, denuncias, acuerdos y derrotas. Son documentos que transcriben las estrategias secretas desplegadas por la diplomacia de la última dictadura militar en el interior de las Naciones Unidas para ahogar las críticas internacionales contra las torturas y la desaparición de personas. Su contenido arroja luz sobre la participación civil en el régimen militar, y dibuja el mapa de las naciones que toleraron o denunciaron las violaciones a los derechos humanos en la Argentina. De acuerdo a esos documentos, a los que accedió Zona, las denuncias por violaciones a los derechos humanos comenzaron a llegar a las Naciones Unidas en 1976, a pocos meses del golpe militar. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) fue uno de los primeros organismos en manifestar su preocupación tras el golpe, ya que debía velar por la seguridad de unos 16 mil latinoamericanos que se habían refugiado en la Argentina para escapar de las dictaduras de sus propios países. Paralelamente, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, de las Naciones Unidas comenzó a recibir informes sobre desaparecidos y torturas. En agosto de 1976 la presión de los exiliados y de países como Francia y Austria obligó a la Subcomisión a pedir un cuadro de situación sobre las violaciones a los derechos humanos en las dictaduras del Cono Sur.Por disposición de las Naciones Unidas, los organismos que lo redactaron, como Amnesty International o la Asociación Internacional de Abogados, debieron evitar cualquier mención directa a los países involucrados. Pero dado el fuerte rechazo que tuvo el informe en la diplomacia argentina, era evidente que aludía, en gran parte, a la dictadura de la Junta Militar. Cuando todavía faltaban siete años para la publicación del Nunca Más, el trabajo entregado a la ONU ya advertía sobre fuerzas paramilitares que operan en secreto y cometen la mayor parte de los actos de tortura y malos tratos a los detenidos. Algunas de las fuerzas de seguridad disponen, según se dice, de una extensa red de operaciones que rebasa las fronteras de los Estados, agregaba. Y en un apartado sobre los métodos de tortura mencionaba el submarino, que consiste en sumergir en agua la cabeza cubierta con una capucha o las descargas eléctricas en las zonas más sensibles del cuerpo. Como respuesta, Gabriel Martínez, embajador argentino en la ONU, expresó su preocupación por las organizaciones no gubernamentales que, desaprensivamente, vienen prestando su nombre para una sistemática campaña de hostigamiento al pueblo y al gobierno argentinos. Una actitud similar adoptó Carlos Ortiz de Rozas, quien en 1977 exigió a sus pares diplomáticos de Nueva York prudencia en el tratamiento de las denuncias por violaciones a los derechos humanos y advirtió que la Comisión no debe ser un órgano en el que ciertos grupos utilicen su influencia, directa o indirecta sino simplemente un lugar donde los países pueden realizar consultas y negociaciones. Ortiz de Rozas se retiró del servicio exterior tras ser embajador del gobierno de Carlos Menem en los Estados Unidos.Los documentos revelan que 1976 fue el año más difícil para la diplomacia local. Desde fines de 1977, en cambio, Martínez y sus colaboradores lograron poner un cerrojo a las denuncias que llegaban a la ONU, especialmente gracias a las alianzas con los países de la órbita soviética o integrantes del Grupo de No Alineados.Por el contrario, en 1976 el ímpetu de la embajadora francesa, Nicole Questiaux, una verdadera pesadilla para los militares, consiguió llevar a la Subcomisión de la ONU la palabra de Rodolfo Mattarollo, abogado de la Comisión Internacional de Juristas. Mattarollo denunció que el gobierno militar había dado luz verde a la ley de fugas, una orden secreta que significaba la eliminación física de todos los presos políticos.Questiaux intentó ampliar la presión internacional contra el gobierno de Videla y llevar las denuncias fuera de la Subcomisión. La diplomacia argentina desplegó un contraataque en todos los frentes. Mientras negociaba con los representantes soviéticos e iraquíes que participaban en la Subcomisión, el gobierno envió una carta al secretario general de las Naciones Unidas donde acusaba a Mattarollo de terrorista. En agosto de 1977, la presión de Francia, las manifestaciones de los exiliados en Ginebra y las denuncias de Amnesty International hicieron que el enfrentamiento internacional estallara en la privacidad de la ONU.El 24 de agosto, en Ginebra, el representante italiano, Antonio Cassese, advirtió que en la Argentina las autoridades parecen admitir la existencia de dos mil a diez mil presos políticos, pero Amnesty tiene pruebas de que en los últimos dos años y medio han desaparecido o han sido secuestradas en la Argentina unas 15 mil personas. Martínez, que participaba como observador de la Argentina calificó al informe de Amnesty de engañoso, dijo que los miembros de la Comisión Argentina de Derechos Humanos eran criminales y terroristas y sugirió que la representante francesa estaba influida por consideraciones políticas.Temperamental, Questiaux respondió que lo escuchado sólo podía aceptarlo como un malentendido. Cassese tuvo la astucia de subrayar que sorprendentemente Martínez no había refutado las cifras ni los datos aportados por los organismos. El representante belga consideró que Martínez se había excedido, y el británico pidió que presente excusas o se retire de la sala. La sesión se levantó en forma intempestiva.Dos días después, los votos de Francia, Italia, Bélgica, el Reino Unido y Austria alcanzaron para aprobar una declaración de la Subcomisión donde expresaba su preocupación por la situación en la Argentina. Los países No Alineados y latinoamericanos se abstuvieron o votaron en contra. Como si las acusaciones estuvieran dirigidas hacia otro país, el informe enviado desde Buenos Aires transcribía los artículos del Código Penal referidos a los delitos denunciados por los organismos de derechos humanos, y aseguraba que en el país los presos contaban con un plan para mejorar su educación e instrucción.En todo establecimiento penitenciario funciona una biblioteca para los internos, cuyo material de lectura, debidamente seleccionado, tiene en cuenta las necesidades profesionales de sus alojados, decía el informe de la diplomacia de la dictadura. Francia intentó al año siguiente un nuevo pronunciamiento. Intentó que las Naciones Unidas entregaran al gobierno argentino la lista de desaparecidos distribuida por Amnesty y exigiera una respuesta caso por caso. Pero la composición de la Subcomisión había cambiado. Los votos a favor de Francia, Gran Bretaña y Austria fueron insuficientes. En contra de la propuesta aparecía media docena de países No Alineados como Colombia o India. La estrategia de alianzas y promesas desplegada por Martínez y Mario Amadeo había tenido éxito. Madame Questiaux tuvo, al menos, una satisfacción personal. El 13 de setiembre de 1978 un artículo de Le Monde escrito por Isabelle Vichniac hizo públicas las denuncias contra la Argentina conocidas en el interior de la Subcomisión. La diplomacia argentina, y aliados coyunturales como Jordania o la URSS, protestaron airadamente contra la filtración, pero la noticia dio la vuelta al mundo. En 1979 la Argentina tenía los aliados necesarios para mantener las críticas sólo en el seno de la Subcomisión y consiguió un lugar en la estratégica Comisión de Derechos Humanos. Pero los enfrentamientos continuaron. En agosto, Martínez debió soportar una nueva embestida, encabezada por Questiaux y Benjamin Whitaker, del Reino Unido. En medio del debate sobre los desaparecidos, el inglés pidió, indirectamente, la dimisión de la Junta Militar: Un régimen que es incapaz de mantener la ley y el orden deberá dimitir y dejar el lugar a un gobierno que pueda proteger los derechos de los ciudadanos de su país. Las críticas habían sumado al representante de Túnez, Abdelwahab Bouhiba, quien en respuesta a la falta de información sobre los desaparecidos recordó que un Estado que se declara desconocedor de la suerte de sus propios ciudadanos adopta una actitud suicida. Paralelamente, se debatía crear una convención que recolectara las denuncias sobre torturas. Durante una hora, Martínez soportó imperturbable las acusaciones. Poco antes de tomar la palabra, su par mexicano, Antonio Báez, propuso enviar a la Argentina un representante de la Subcomisión para estudiar la cuestión de las personas desaparecidas. El embajador argentino se preparó, una vez más, para defender lo imposible con los argumentos conocidos: los verdaderos causantes del período de sombras que cubrió a la Argentina habían sido las organizaciones terroristas. El presidente de la Argentina (por Videla) declaró que las condiciones normales fueron restauradas y ellas comprenden el funcionamiento habitual del sistema judicial, agregó el diplomático. Y concluyó: Hay un mejoramiento sustancial de la situación en la Argentina y el número de las personas desaparecidas está actualmente casi llegando a cero. Después pidió que las listas de desaparecidos se entregaran a las autoridades de las Naciones Unidas para que el gobierno argentino pudiera remitir una respuesta oficial. La discusión continuó a la mañana siguiente. La Argentina estaba representada por Martínez y Amadeo, quien condenó la desaparición de personas pero aclaró que los Estados no son los únicos responsables. Amnesty International tenía preparada una sorpresa. Presentó a Estrella Iglesias, una española de 31 años que había sido secuestrada en Buenos Aires por doce hombres de civil, encarcelada durante un año y deportada luego a Madrid. Después se invitó a los diplomáticos a dialogar con la sobreviviente sobre su experiencia en la Argentina. Martínez reaccionó con molestia: Los representantes de las organizaciones no gubernamentales deberían respetar los procedimientos. Aun así y pese a las imputaciones, los diplomáticos argentinos y sus aliados triunfaron una vez más y lograron postergar la votación. Así, las denuncias por violaciones a los derechos humanos en la Argentina, que habían llegado tempranamente a las Naciones Unidas, permanecieron ahogadas durante siete años gracias a los embajadores de la dictadura, que tendieron sobre ellas un pulcro, prolijo manto diplomático, tejido entre las sombras de las alianzas, el secreto y el silencio.